Desaparecidos, una vez más a dar tumbos

En el tema de los desaparecidos, una vez más, el gobierno de Jalisco opta por dar tumbos. La llegada de una nueva administración al mando de Enrique Alfaro Ramírez, con las primeras señales para atender el problema de una manera diferente, había generado expectativas de empezar a buscar soluciones.

Con el transcurrir de los días, lo que hemos visto es una repetición de la simulación y las omisiones que se denunciaron en el anterior gobierno, cuando tendría que ser un punto prioritario en la agenda del gobernador y de su equipo de trabajo.

Esta semana que termina fue significativa por dos hechos que prendieron las luces de alerta entre los colectivos de familiares de desaparecidos. Por un lado, la reclasificación de las cifras de desaparecidos y, por otra parte, las declaraciones de la secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, Margarita Sierra, de acotar las atribuciones de la Comisión de Búsqueda.

En la última actualización de cifras del Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición en Jalisco, que se dio a conocer este 4 de julio, el gobierno del estado redujo de 7 mil 504 a mil 752 el número de personas desaparecidas; esto, porque se clasificaron 5 mil 752 casos bajo la figura de personas “no localizadas”.

El colectivo Por amor a ellxs publicó ayer un comunicado en el que hace señalamientos puntuales sobre las implicaciones que tiene esta decisión de la autoridad. En términos generales, la diferencia más preocupante es que al determinarse que una persona es “no localizada” no se abre una carpeta de investigación y por lo tanto no es buscada.

Lo anterior, porque una persona “no localizada” es aquella que se presume se desconoce su paradero, pero no como consecuencia de la comisión de un delito. De esta manera, los familiares de desaparecidos piden a la Fiscalía Estatal que transparente los criterios que utiliza para la clasificación de las desapariciones.

Además, le recuerdan que la misma ley señala que cuando transcurren más de 72 horas sin que una persona sea ubicada, se presume que puede ser víctima de un delito y que en ambos casos se tiene que llevar a cabo la búsqueda.

Se desconocen las razones por las que el gobierno del estado ha insistido desde la anterior administración en esta clasificación arbitraria. Lo más delicado podría ser que quieran reducir la percepción de inseguridad en el papel, a pesar que en la realidad sigamos hablando de más de 7 mil personas desaparecidas, sin contar la cifra negra.

En cuanto a las declaraciones de Margarita Sierra, el argumento de la funcionaria fue que la fiscalía es la que debe llevar a cabo las acciones de riesgo en la búsqueda de personas y no la comisión, tomando en cuenta las herramientas de ambas instituciones. Señala que es la fiscalía la que tiene la capacitación y los mecanismos de seguridad para llevar a cabo la búsqueda.

Habría que recordar a las autoridades que la Comisión de Búsqueda se creó precisamente por la incapacidad de la fiscalía para llevar a cabo sola esta tarea. En particular, la comisión se convirtió en el enlace más importante entre la información que aportan los familiares (que es casi toda) en una investigación y las labores formales que tendría que llevar a cabo el Ministerio Público.

Ayer también el gobernador Enrique Alfaro dio a conocer el nombramiento de quien encabezará la Comisión de Búsqueda, después que el anterior titular renunció prácticamente en secreto. Fue hasta unas semanas después que precisó que nunca tuvo las condiciones para realizar su trabajo.

El discurso del gobernador en los primeros meses de su gobierno había dado tranquilidad a las familias, y esperamos que las acciones de su gobierno de esta semana no lo contradigan.

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