INICIO > OPINION
A-  | A  | A+

Presunción de culpabilidad y ‘derecho’ a la calumnia

Los valores de nuestra era están trastocados, pero funcionan mejor sin modificar las constituciones y los códigos morales. Así, han tomado la vestidura del mejor derecho, tanto desde la tradicional postura contra el sistema “neoliberal, capitalista, burgués y voraz” (sic cuatro veces) como desde el juego de los intereses más conservadores y materialistas, cuyo profeta vivo es el presidente estadounidense, Donald Trump, calumniador de media humanidad.

Los políticos neopopulistas de la nación y la comarca no se quedan atrás. Cultivan con ahínco el “calumnia, que algo quedará”. Esto aplica respecto al acoso a las cabezas de líderes sociales que se han negado a plegarse a los intereses de “la refundación” (quinto y humorístico sic) y por ende, se han convertido en enemigos del gobernador Enrique Alfaro (como buen caudillo, para él todo es personal).

El caso más notorio es el del presidente del Parlamento de Colonias, Alejandro Cárdenas, pero no es único. Podemos agregar a esa lista diversos dirigentes vecinales que el movimiento naranja desplazó desde 2015 de los liderazgos formales en las colonias más interesantes de Guadalajara para el capital inmobiliario, pues se oponían abiertamente a los cambios de uso del suelo, o a quienes están al frente de movimientos ecologistas críticos de los costos transferidos a la sociedad por empresas que contaminan o que viven de la gestión de la contaminación, como son los colectivos Un Salto de Vida y Comité de Defensa Ambiental de El Salto. O instituciones que jurídicamente han ganado asuntos al gobierno o le han atorado proyectos (Chalacatepec o Peña Colorada en Ayotitlán, del Instituto de Derecho Ambiental), o defensores de bienes naturales como el bosque El Nixticuil (Comité Salvabosque, Amigos del Nixticuil) o del lago de Chapala (Fundación Cuenca Lerma Chapala).

No juzgo de antemano si los opositores tienen o no razón. De eso justamente se trata. Existen tribunales y eso es el camino de la legalidad. Evidentemente, en muchos casos, la autoridad y los empresarios pueden tener razón. El caso es que la propaganda alfarista trata de ganar fast track: explota las diferencias reales que existen entre las mismas organizaciones (El Salto y Nixticuil, de nuevo); busca expedientes comprometedores de los opositores (aunque a priori, una causa no se desvirtúa por errores de un dirigente, los casos de pederastia eclesial o magisterial lo demuestran) y con la difusión de verdades a medias o falsedades (mientras no se puede documentar una acusación, es falsa y reviste calumnia), tratan de minar la confianza social en esos opositores.

La autoridad, obligada a probar lo que dice, guardiana del principio de legalidad y de la presunción de inocencia, tiene, por otro lado, una salida más sencilla: el uso de bots en redes sociales. Individuos que se supone viven en carne propia la maldad y la corrupción de los líderes disidentes, y que acusan sin probar. “Tú investiga, para eso eres periodista”, me dijo un detractor del Parlamento de Colonias que asegura que Cárdenas extorsiona a constructoras, sin que le conste.

Es verdad, esa cultura de acusar sin pruebas es muy mexicana. Las conspiraciones no se pueden probar, luego, mejor cree en ellas. Pero esa forma de relato desvirtúa la vida pública, atenta contra derechos y rompe al Estado. ¿No deberían los gobernantes poner el ejemplo y empezar a callarse cuando acusan sin pruebas, y mejor investigar, documentar y denunciar? Por eso el gran Carlos Fuentes dijo que la nuestra era “una democracia muy pinche”. Los políticos son los primeros culpables de que estemos en ese atolladero.

[email protected]

JJ/I