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La investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad fue “una flagrante violación al secreto bancario, a la privacidad y la protección de datos”. Esa fue la respuesta del ahora ex delegado de Programas Sociales en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, sobre la última investigación periodística de esa agrupación, en la que lograron acreditar sus vínculos con la empresa Abisalud.
La carta con la que ejerció su derecho de réplica dejó en claro que no tenía manera de defenderse y, en los días previos a que la Secretaría de la Función Pública tendría que dar a conocer los resultados de su investigación sobre un posible conflicto de intereses, Lomelí prefirió hacerse a un lado.
El trabajo de investigación de Valeria Durán probó que Carlos Lomelí mintió al asegurar que no tenía relación con la empresa Abisalud, beneficiada con la adjudicación directa para la compra de medicamentos para el gobierno federal, del que él forma parte. En el reportaje se demuestra que Lomelí y su esposa, Karina Lucía Navarro Pérez, han tenido acceso al manejo de las cuentas bancarias de Abisalud.
Esta empresa es la que recibió un contrato de más de 164 millones de pesos de la actual administración federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador y la misma que fue denunciada penalmente por la venta a sobreprecio de medicamentos al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), así como el suministro de medicamentos falsos o caducos.
Cuando los contratos del gobierno federal con Abisalud se dieron a conocer en la primera investigación periodística de Valeria Durán y Laura Sánchez, Carlos Lomelí dijo no tener relación con las empresas que se mencionaban. Sin embargo, en el texto del reportaje se señala que el domicilio de esta empresa y de las otras que el superdelegado sí admitía como propias es la calle Chicle 205.
Además, en las actas constitutivas de Abisalud y todo el corporativo de empresas dedicadas a la distribución de medicamentos e insumos médicos aparecen colaboradores y familiares de Carlos Lomelí.
En las declaraciones de los siguientes días, Lomelí mantuvo la postura de rechazar sus vínculos con algunas de estas empresas, asegurando que la finca era una especie de nave de renta de espacios para oficinas. De cualquier forma, el 20 de junio el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se comenzaría con una investigación por parte de la Secretaría de la Función Pública y aseguró que “la próxima semana lo podemos dar a conocer”, lo que no ha sucedido.
Para defenderse, el único argumento que había utilizado Carlos Lomelí, además de negar los señalamientos, fue el golpeteo político, escudándose en el interés que hay en Jalisco de afectar al proyecto de López Obrador. El superdelegado nunca fue capaz de asumir que sus propios actos y sus propias mentiras son los que lo colocaron en esta investigación.
Carlos Lomelí no aparecía directamente en la empresa Abisalud, eso era verdad. Sin embargo, entre los accionistas han aparecido José Hiram Torres Salcedo, quien actualmente es regidor del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Zapopan y fue su secretario, así como Mario Vargas Lomelí, sobrino del ex delegado.
En la última investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad se señala que “el 25 de enero de 2013, José Hiram Torres Salcedo, entonces dueño de la empresa Abisalud, aperturó (sic) una cuenta en el banco Banorte”, dando como domicilio la calle Chicle 205, como correo electrónico el de la administradora de la empresa de Lomelí, Lomedic, y en el registro de firmas con acceso a la misma los nombres de Carlos Lomelí Bolaños y su esposa, Karina Lucía Navarro Pérez.
da/i