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Quinto Patio

Debido a que la licitación de A Toda Máquina se apalancó con recursos federales, los diputados locales de Morena se lanzaron a la Ciudad de México para denunciar ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y ante la Auditoría Superior de la Federación la serie de inconsistencias en el contrato más alto en lo que va de la administración, por más de 3 mil 634 millones de pesos.

Con nombre y apellido va la denuncia. Los señalados como presuntos son el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, el presidente del Comité de Adquisiciones, Luis Arturo López Sahagún; el secretario técnico del comité, Raymundo Andrade Beltrán; el representante de la Contraloría del Estado de Jalisco en el comité, Roberto Navarro Arias; los funcionarios de la Sader, Rodolfo Espinoza Preciado, Agustín de la Fuente y Carlos Salinas Osornio. Tomen nota.

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En el pleito entre el Ejecutivo y el Legislativo contra el Poder Judicial local por la reciente reforma constitucional que se cantó como la solución para eliminar privilegios de magistrados y jueces, los cambios de tono y renovada mesura del titular del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, Ricardo Suro Esteves, respecto a la controversia constitucional, tiene que ver con que estamos a un mes de que inicie el cabildeo de cara al presupuesto 2020.

Aunque la mayoría de los magistrados avalaron irse con todo y pelear desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dar revés a la reforma, Suro Esteves ha sido más cauteloso que antes en sus declaraciones. Por otra parte, se ha dado tiempo para cabildear a nivel federal la reforma que se analiza en el Senado para que el Poder Judicial tenga un presupuesto de al menos 2 por ciento respecto a la bolsa total estatal, cuando actualmente es de alrededor de 1.3 por ciento. Cuentan que con el grupo parlamentario de Morena anda en pleno cortejo, todo sea por 100 milloncitos de pesos extras anuales, ái pa’ los chicles.

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Añadamos que con dinero avanzan las reconciliaciones entre poderes. Aunque en el Legislativo presumieron como un gran logro la eliminación del haber de retiro en el Judicial, ahora resulta que MC y PAN buscan revivir los bonos, nomás que con otro nombre: pensión temporal. Así, magistrados que no están en edad de jubilación podrían recuperar compensaciones económicas a las que tanto se aferran, cual políticos al hueso.

A poco más de un mes de que el Congreso local avaló la reforma constitucional, se perfilan ajustes que podrían concretarse el miércoles de la siguiente semana junto con la reforma a la Ley Orgánica del Judicial. Tooodoooo negociado en lo oscurito.

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Aunque inicialmente lo matizaron, ayer el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso, Salvador Caro, confirmó que en unos días la Auditoría Superior de la Federación revisará las cuentas del Legislativo local, en un ejercicio “muy particular y sin precedentes” que abarca a congresos del país.

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El caso del ex delegado Carlos Lomelí apunta a un escenario poco agradable para su futuro. Por un lado, el presidente López Obrador aclara en la mañanera que la renuncia del empresario “fue decisión de él”, y que su caso lo atiende la Secretaría de la Función Pública (SFP); y ésta precisa que tiene abiertas ¡siete investigaciones!, por conflicto de interés: cuatro son de empresas de Lomelí y tres más “por conductas contrarias a la legalidad”. El tiempo mostrará hasta dónde llegan.

qp@ntrguadalajara.com

JJ/I