Retraso en caso de agresión sexual contra alumnas, por cambios administrativos en UdeG

Sobre el caso de las dos alumnas de medicina del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) que fueron víctimas de agresión sexual por parte de sus compañeros, la demora para emitir resoluciones tiene que ver con cambios administrativos en la Universidad de Guadalajara (UdeG), señaló el titular de la Defensoría de Derechos Universitarios, Dante Haro Reyes.

“Al final de cuentas hubo un poco de retraso por los cambios de los miembros de la Comisión, cambio de autoridades, pero se ha trabajado de manera muy conjunta”.

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Sin precisar fechas, respondió que la resolución podría darse antes de que concluya la licencia que solicitó una de las víctimas para dejar sus estudios provisionalmente. En diciembre vence  dicho plazo.

En entrevista aparte, Teresa, madre de una de las víctimas, aclaró que la joven “dejó sus estudios por miedo a represalias, no para ampliar tiempos”. Además reprochó que la Defensoría no ha cumplido con el compromiso de aportar elementos a la Fiscalía Estatal para ampliar las investigaciones por la denuncia penal en curso.

“Llegaron a ofrecernos la opción de que me hija se cambie a una escuela incorporada, pero ese no es el punto, mi hija se esforzó por entrar a medicina en la UdeG, lo logró y tiene derecho a estudiar en una escuela pública sin que esté en riesgo su integridad”.

Por su parte, el titular de la Defensoría de Derechos Universitarios indicó que el caso sigue en análisis por parte de la Comisión de Responsabilidades del Consejo General Universitario (CGU), al que “estamos nosotros dándole el acompañamiento a cualquier situación de información que se dé, pero eminentemente hay urgencia en que se pueda sacar y va a ser lo más pronto posible”. La fecha por definir está en la cancha del ente colegiado de toma de decisiones de la institución educativa.

Por agresiones sexuales en hechos distintos, ocurridos en enero y febrero, están señalados como presuntos responsables a Josué Jafet “N” y Juan Pablo “N”. Las denunciantes son Daniela y Grecia.

Sobre el temor de las jóvenes: “Se está trabajando precisamente en esa parte, que no se revictimice y dando las condiciones necesarias para poder apoyar. Estamos haciendo toda la parte integral con las competencias que tenemos y buscando al final de cuentas que esta situación no se vuelva a repetir en otros lugares ni ahí mismo”.

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Mientras la madre de una de las víctimas concluyó: “No les veo ganas de sacar adelante el caso”. Por ello, están considerando recurrir a otras instancias en busca de justicia.

Por una de las denuncias penales, el 26 de agosto será la audiencia inicial, para formular la imputación ante el juzgado del primer distrito judicial especializado en violencia contra las mujeres.

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