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Cédulas de búsqueda
Al Rey Sol
La construcción de panteones ministeriales, la adecuada preservación de los cerca de 600 cadáveres que se encuentran en las morgues de la ciudad, la generación de una base de datos confiable de personas desaparecidas en Jalisco y la realización de procesos de confronta con otros estados, son las exigencias de colectivos de familias de personas desaparecidas que requieren de una solución inmediata.
Para lograrlo, consideraron académicos e integrantes de colectivos como Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej) y Por Amor a Ellxs que ayer participaron en el foro-taller denominado La visión de las familias en torno a la armonización en Jalisco de la ley general de desaparición, todas estas cuestiones deben ser incluidas en la creación de la legislación estatal en la materia que se discute en el Congreso del Estado.
“En 2013 estuvimos al pendiente de la creación y promulgación de la ley general de víctimas y en el montón de protocolos homologados que se han llevado a cabo. Estuvimos trabajando con la única finalidad de tener herramientas para trabajar. Esas son las que nos van a servir para encontrar a los nuestros y es también por lo que estamos aquí, porque la ley estatal de desaparición es una herramienta que no tenemos”, expuso Guadalupe Aguilar, coordinadora de Fundej, en La Fábrica de Chocolate, sitio donde se realizó el foro-taller.
Aguilar denunció que el colectivo que representa no ha sido convocado por los diputados locales para analizar la propuesta legislativa y garantizar la inclusión de sus demandas en la normativa. Por ende, dijo, mientras esto no suceda, seguirán apegándose a lo establecido en la ley general para lograr que se implementen sus demandas.
NO A LA “BÚSQUEDA VIRTUAL”
Los colectivos lamentaron que las instancias encargadas de las investigaciones y búsqueda de personas desaparecidas en la entidad siguen sin dar resultados respecto al principal objetivo que les debería de guiar: la localización de quienes se les ha perdido el rastro.
“La mayoría de las familias ha sufrido desatención en la Fiscalía, en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y en la Comisión de Búsqueda. Hemos podido ver las fallas generalizadas en la situación. Pensamos que cambiarían con la entrada del nuevo gobierno, creíamos que eran sensibles al tema, pues en marzo el señor gobernador (Enrique Alfaro) reconoció la problemática del estado (…) En su momento, creímos que esto marcaría una diferencia en la atención, pero no ha sido así”, expuso Esperanza Chávez, integrante de Por Amor a Ellxs.
“Este gobierno actúa igual que todos, simulando, simulando cifras, eso es muy conocido aquí y en todo el país”, añadió Aguilar.
Por ello, reiteraron su negativa a que la Comisión de Búsqueda de Jalisco, instancia encabezada por Francelia Hernández Cuevas, dedique sus esfuerzos exclusivamente a realizar búsquedas de información, como declaró a principios de este mes Margarita Sierra Díaz de Rivera, titular de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana.
“A la Comisión de Búsqueda se le tiene que permitir el acceso a las bases de datos de todas las fiscalías y del Semefo (Servicio Médico Forense), pero también a hospitales, centros de rehabilitación, a penales. De nada sirve que tengamos una Comisión de Búsqueda si van a limitar su trabajo”, enfatizó Chávez.
Guadalupe Aguilar, coordinadora de Fundej, reiteró la necesidad de que a la brevedad se solvente la salida de la coordinadora del Protocolo Alba, Ruth Virginia Morán Flores, quien renunció este fin de semana.
“Que se le caiga la mitad del equipo (a la Fiscalía Especial en Búsqueda de Personas) es muy delicado. Esperemos que rápido lo conformen nuevamente, pues no hay nada más que seguir trabajando, porque esto no se puede detener. Cada día hay más desaparecidos y tenemos que encontrarlos. Tiene que estar otro personal en Protocolo Alba y en Alerta Amber también”, manifestó.
Los colectivos calculan que, en Jalisco, han desaparecido 8 mil 830 personas, aunque las autoridades estatales mantienen sus registros en 7 mil 504, la mayoría de los cuales clasificados legalmente como “no localizados”. Darío Pereira
JJ/I