Política de hechos consumados

El ingenio mexicano plantea que más vale pedir perdón que pedir permiso, porque ésa es la mejor manera en la que alguien puede salirse con la suya, debido a que ya lo bailado quién me lo quita. Esta manera de enfrentar las circunstancias que restringen nuestro comportamiento puede resultar pertinente, en ocasiones, en lo que se refiere al ámbito de las relaciones interpersonales, pero resulta muy dañina en lo que tiene que ver con los asuntos de interés público.

Esa mentalidad, de que más vale pedir perdón, se traduce en el ámbito de lo público en lo que se conoce como una política de hechos consumados, es decir, en la regularización de algo que no debería haberse hecho, pero, como ya se hizo, implica ser realistas, por lo que no tiene caso darle más vueltas al asunto y aceptar que ya ocurrió. De este modo, perspectivas planteadas en frases como “el que agandalla, no batalla” o “la ley se acata, pero no se cumple” nos hacen creer que respetar las leyes es algo que sólo le preocupa a quienes no tienen la osadía de evadir su cumplimiento, para lograr sus fines de una manera más expedita.

Ejemplos de estas políticas de hechos consumados hay muchos. Uno muy reciente se dio a conocer este lunes en las páginas de este diario, que es la propuesta para regularizar la Villa Panamericana, de manera que se pueda vender y, supuestamente, recuperar la inversión que se hizo con los ahorros de los trabajadores del estado de Jalisco.

Otro ejemplo de esta política de hechos consumados es el mecanismo implementado por la pasada administración del Ayuntamiento de Guadalajara para regularizar edificios de departamentos que violaron las disposiciones legales y se excedieron en el número de pisos que se podían construir, que consiste en el pago de una multa irrisoria, a cambio de la cual se permite la comercialización del inmueble.

El problema con ese pragmatismo, que se justifica con la idea de encontrar de lo perdido, lo que aparezca, es que propicia la corrupción, ya que se manda el mensaje de que violar la ley no tendrá ninguna consecuencia real y por lo tanto no hay de qué preocuparse. Es decir, con estas componendas la autoridad envía el mensaje de que todo se vale y que a lo más o habrá que esperar un tiempo o pagar una multita, y todo se resolverá.

Entiendo que se quieran recuperar los ahorros de los trabajadores, incluso la inversión de los particulares, pero con ese pretexto se abre la puerta para que otra vez se edifique de manera ilegal, para que otra vez se invadan las zonas de recargas de mantos acuíferos, para que se siga invadiendo el bosque La Primavera, para que aumenten las inundaciones, para que se desordene aún más el tráfico, para que aumente la contaminación y, para que otra vez quede claro, que quien quiera hacer negocios ilegales los pueda hacer en Jalisco en total impunidad.

Si se derribara la Villa Panamericana y se saneara el lugar para recuperar a plenitud los servicios ambientales que nos presta El Bajío se sentaría un precedente claro que haría que otros inversionistas sin escrúpulos se la pensaran dos veces antes de invertir en Jalisco en algo que no se apegue a la legalidad. Y, por otro lado, muy probablemente se atraería el capital de quienes quieren hacer bien las cosas, sin tener que pagar sobornos ni esperar por años a que la situación política permita recuperar la inversión.

Así que, si obras son amores y no buenas razones, parece que está claro el tipo de inversionistas que se quiere atraer a Jalisco, porque las decisiones que toma una persona ponen en evidencia qué considera valioso.

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@albayardo

JJ/I