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El Tribunal Administrativo, un as bajo la manga

Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa han sido señalados por los gobiernos de Movimiento Ciudadano de otorgar suspensiones que han permitido el desarrollo inmobiliario irregular e ilegal. Esto ha motivado que incluso se hayan presentado acciones legales en su contra.

Según los políticos emecistas, encabezados por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, este tribunal ha sido utilizado por empresarios y por gobiernos anteriores para violar la ley.

Lejos de mantener ese discurso, parece que las actuales autoridades entendieron el mecanismo y en el caso de la Villa Panamericana se utiliza la misma arma para tratar de sacar adelante la venta del inmueble y que pueda usarse como vivienda.

Mientras por un lado la empresa Inmobiliaria Cornejo Barragán negociaba la venta con Green Life Capital, por el otro interponía una demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa. El recurso legal entró el 20 de agosto, nueve días antes de la fecha programada para la firma del contrato; una semana después se concedió la suspensión para ordenar al ayuntamiento que revise las obras y, si se cumple con los requisitos, sean recibidas y se expidan los permisos.

La medida cautelar dictada por el tribunal fue notificada a las autoridades el 28 de agosto, el mismo día que se programó la sesión del Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal) para autorizar la venta, acto que finalmente hasta ayer por la noche no se había llevado a cabo y, por lo tanto, tampoco se había firmado el contrato de compra venta.

La demanda por la vía administrativa parece un as bajo la manga, jugado por la empresa que construyó la Villa Panamericana, pues en el convenio en el que se establecieron las condiciones para que esta operación se concretara se puso como condición que el inmueble tuviera todos los permisos y servicios municipales, estatales y federales.

Hasta ahora, el argumento del gobierno del estado ha sido que la venta de la Villa Panamericana para que se use como vivienda es recuperar la inversión que hizo el Ipejal durante el gobierno de Emilio González Márquez, así como el dinero que aportó el Instituto Jalisciense de la Vivienda (antes Iprovipe). Sin embargo, esta excusa se debilita, pues al habilitarse como vivienda estos dos organismos podrían obtener mayores recursos.

Según documentos firmados entre los constructores de la Villa y el Ipejal, este organismo es propietario de 200 departamentos. En el convenio de compraventa se señala que Green Life Capital le pagará 495 millones de pesos en un plazo de cuatro años, aunque la entrega del dinero se condiciona a la venta de las unidades habitacionales de los edificios.

De este punto surge la duda de, si ya se va a autorizar vivienda, por qué no permitir que Ipejal venda directamente sus departamentos y sea también beneficiario del negocio.

Toda la información en torno a la venta se ha conocido de manera extraoficial. Hasta el momento, lo único que se ha comunicado de manera formal ha sido por parte del Ipejal, en un boletín de prensa y en una serie de mensajes en su cuenta de redes sociales.

Las reacciones que ha generado la venta de la Villa Panamericana apuntan principalmente al daño ambiental que se generaría, de manera irreversible. En este caso, ha habido declaraciones vagas del gobernador en el sentido que se emitirá un decreto de protección, pero ni siquiera el titular del área, Sergio Graff, ha sido involucrado o, por lo menos, ha declarado al respecto.

Es evidente que la venta de la Villa Panamericana se tejió en lo oscuro y la intervención del Tribunal de Justicia Administrativa es un factor más para enturbiar el caso.

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JJ/I