Justicia, cuando es mala y corrupta… si no es mía

La historia de los desencuentros del gobernador Enrique Alfaro con los órganos de justicia, desde sus tiempos de alcalde de Guadalajara, está entre las que mejor reflejan su talante populista: la justicia es corrupta, hay tráfico de influencias, hay secuestro de los intereses de la sociedad… si no se trata de mis intereses, que como en el caso de cualquier caudillo (notoriamente, Andrés Manuel López Obrador), es necesario entender que coinciden a plenitud con los de las mayorías, esos ciudadanos libres que dice representar la refundación, el proyecto de su vida.

El problema es que ese discurso autoritario, como siempre, deja ver las costuras con relativa facilidad. La accidentada relación del mandatario con diversos sectores sociales cuyas acciones no le gustan, lo refleja. Es el caso de Conciencia Cívica y Parlamento de Colonias con sus diversos asociados, las cuales han hecho ver su suerte ya a tres gobernadores con la Villa Panamericana, congelada por las acciones judiciales que han promovido.

Y es precisamente en ese asunto en el que Alfaro demuestra lo que entiende por justicia. La justicia no existe si no se ajusta a mis intereses, parece decir. Obviamente, la ofensiva alfarista contra el Tribunal Administrativo del Estado, hoy de Justicia Administrativa, no puede leerse bajo la línea simplona de que el héroe va contra los corruptos. En absoluto: los intereses alfaristas son tan facciosos como los de sus adversarios, y se reflejan en la discutible resolución de la segunda sala de TJAE, que concedió suspensión para que se emitan los permisos correspondientes para terminar la Villa, venderla y habitarla.

¿Por qué? Pues porque al magistrado que tomó la decisión, bendecido con la buena opinión del caudillo, se le olvidó que ya había juicios con resoluciones contrarias, y oh, desgracia de la fatalidad temporal, esas resoluciones son anteriores. El primero en tiempo es primero en derecho, aunque, ¿quién sabe? Una de las características de los neopopulismos es que pretenden secuestrar también el tiempo y, como en 1984 de Orwell, reescribir la historia, así sea judicial.

Es risible que se pretenda defender al mandatario bajo la idea de que ese juicio fue promovido por “los terceros”. Caray, son justamente a quienes está rescatando la decisión de Alfaro de vender la obra y garantizarle los permisos a cambio de mil 500 millones de pesos.

Debo apuntar que no creo en extremos, como me parece lo es demoler la costosa instalación para salvar El Bajío. Al ocupar una fracción tan menor del territorio a proteger, creo que puede ser una excelente carta de negociación para, ahora sí, blindar la zona de proyectos riesgosos y delirantes, como fue Chivas Omnilife y como es la Villa. Pero mi opinión es irrelevante. Si un juez ordena la demolición, ésa será la verdad legal, nos guste o no a Enrique Alfaro y a mí. El tema es que parece ser el estilo personal de gobernar el que no se sacrifica: el gobernador no negocia, impone la ley y los intereses de las mayorías. Esa narrativa ya le pasa costos en otros temas como la Presa El Zapotillo y tal vez condene la posibilidad de una solución negociada en el caso de la Villa.

Alguien debe decirle al gobernador que lanzar advertencias públicas a los jueces, como lo hizo hace unas semanas a los magistrados del mismo TJAE, de que no se atrevieran a conceder suspensiones contra la noble acción de Tlajomulco contra los fraccionadores de El Cielo, es propio de caciques, no de demócratas. Quizás si empieza a pagar altos costos políticos por sus tentaciones autoritarias pueda aprender. A decir verdad, yo lo dudo.

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JJ/I