El pretexto del decreto

La aprobación del decreto por parte del gobernador Enrique Alfaro para proteger la zona de El Bajío no es el punto cuestionable. Una vez más las autoridades se confunden sobre lo que sucede en torno a la Villa Panamericana. El problema es que con el pretexto del decreto, se decidió validar el uso para vivienda.

Según algunos funcionarios, el decreto se había mantenido oculto como una medida de protección, mientras se llevaban a cabo los acercamientos por parte de los empresarios interesados en reactivar el proyecto de la Villa Panamericana como vivienda. Sin embargo, esto resulta difícil de creer, porque cuando se conoció la información sobre el convenio que ya se había firmado con la empresa Green Life Capital, la cual se hará cargo de la venta de departamentos, faltaban apenas cuatro días para la firma definitiva del contrato y no había señales del decreto.

El sigilo que hubo en torno a este tema, afirman las autoridades, tiene que ver con la importancia de que quienes son propietarios de otros predios en la zona no fueran alertados y emprendieran acciones legales para exigir que se les permita también desarrollar proyectos inmobiliarios.

Pero este argumento también parece endeble si tomamos en cuenta que la herramienta legal más común en este tipo de casos es el juicio de amparo y para que se proceda es necesario que exista un acto de autoridad, es decir, el decreto por parte del gobernador. En cuanto esté publicado y entre en vigor, los propietarios o poseedores de tierra en El Bajío pueden acudir a tribunales para exigir el mismo trato que se le dará a los desarrolladores de la Villa Panamericana.

Otro punto que no se ha aclarado es la forma en que la empresa Green Life Capital cumplirá con la extensión que marca la densidad de los planes de desarrollo de la zona. Es decir, para cumplir con la normatividad en el municipio de Zapopan sobre habitantes por hectárea, la empresa tendría que aportar al menos otras cuatro hectáreas que por ningún motivo podrán urbanizarse.

Reconociendo al gobierno del estado la importancia del decreto, además de ser la única herramienta que en este momento les permite la ley, el fondo en este tema sigue siendo el impacto que tendrá la Villa Panamericana una vez que sea habitada.

Más allá de la intención de devolver a los trabajadores afiliados a Pensiones el dinero que invirtieron en ese proyecto, el interés del gobierno del estado en resolver ese tema pendiente y la prioridad que le ha dado, sabiendo el desgaste que les traería, resulta inexplicable.

La combinación de esta prisa, con lo tardío de la emisión del decreto de protección y los pocos alcances jurídicos que en realidad tiene, no cuadran con el discurso de resolver los problemas heredados por anteriores administraciones.

Además, si se revisan de manera detenida los términos del convenio firmado entre el Instituto de Pensiones del Estado, el Instituto Jalisciense de la Vivienda y la empresa Green Life Capital, se fortalece más la duda de si no habría sido mejor para las instituciones públicas mantenerse en el proyecto, si ya se iba a habilitar la Villa Panamericana como vivienda, y participar directamente del negocio por la venta de los departamentos.

Todo esto, sumado a las grandes ventajas que se dan a la empresa compradora, que además ya quedó claro que está ligada a la empresa que participó en la construcción de las villas, pues se obliga, al vender, a entregar todos los permisos y licencias, aunado a que puede hacer los pagos a las dos instituciones, por mil 500 millones de pesos, según pueda ir vendiendo los departamentos; esto es, en abonos facilitos.

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JJ/I