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Legisladoras listillas
Al Rey Sol
La primera pregunta que surge al conocer que el Congreso del Estado había aprobado la adición del artículo 117 bis, para la “conformación de un Congreso Constituyente” para crear una nueva Constitución Política del Estado, es: ¿necesitan los jaliscienses una nueva Carta Magna? La idea de redactar una nueva Constitución ha estado presente también en el ámbito federal: en la conmemoración del 102 aniversario de la Constitución de 1917, López Obrador afirmó que, dados los cambios propiciados por la 4T, es necesaria, pero no existían las condiciones para ello, que tenían otras prioridades. ¿Con esto se refería a que están trabajando para que en las elecciones de 2021 tengan el carro completo para redactar una Constitución con el espíritu de la 4T?
Un poder constituyente se conforma para elaborar una nueva Carta Magna bajo ciertas condiciones; esto es, cuando el orden constitucional se encuentra en crisis y cuando la nación (o entidad federativa) así lo demanda para construir una nueva institucionalidad. Con una nueva constitución debe haber una adhesión y observancia completa por parte de la ciudadanía. El nuevo contrato constitucional no puede dar cabida a todas las visiones morales, filosóficas o religiosas, pero debe reunir principios y valores con los que esas visiones sean obligadas para la convivencia que permitan resolver las controversias y desacuerdos (lo que Raws llamó “consenso traslapado”).
El primer desafío a la hipotética Constitución surgió en la manifestación del 21 de septiembre convocada por el Frente Nacional por la Familia por su posición contra el aborto, el matrimonio igualitario y la ideología de género en la educación básica, posiciones irreconciliables con los colectivos feministas y de diversidad sexual. Será interesante la posición del futuro Congreso Constituyente ante estos temas inconvenientes, sabedores que esta semana el Congreso de Oaxaca despenalizó el aborto. Recordemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció a favor de la legalización del aborto, los matrimonios igualitarios y la adopción por parejas del mismo de sexo.
Por otro lado, si consideramos que, de acuerdo con el principio constitucional que Jalisco es “libre y soberano”, cualquier cambio deberá estar en armonía con los preceptos de la ley fundamental, ¿qué pasará si AMLO decide impulsar en la siguiente legislatura su cacareada Constitución moral y contiene varios artículos que la nueva constitución local deberá armonizar? Esto significará reformas a la novísima Carta Magna local para empatarla con la federal.
Con relación a la autonomía e independencia del poder constituyente con respecto del poder constituido, la propuesta del artículo referido establece que el Congreso del Estado (poder constituido) “podrá hacer observaciones por una sola ocasión al dictamen de la nueva Constitución”. El poder constituyente, como sujeto representante de la ciudadanía (no de los poderes), no puede estar sometido a las observaciones de individuos, sectores o instituciones.
Ahora bien, una vez que el Congreso Constituyente someta a la consideración de las “dos terceras partes de los diputados”, que a su vez se enviará a los ayuntamientos para que la mayoría apruebe el nuevo pacto constitucional, ¿qué pasó con la ciudadanía? ¿Por qué no se hace uso del mecanismo de participación ciudadana conocido como referéndum? Si bien habrá un número considerable de ciudanos que participen en este cuerpo fundacional (108 ciudadanos de origen diverso) para la propuesta de nuevo texto constitucional, se deja fuera la capacidad de decidir su aceptación (o negación) a través de un referéndum.
Mencionaba antes que la necesidad de redactar una nueva Constitución debe ser motivada por condiciones de crisis institucional generalizada. En Jalisco no existe tal escenario. Dos son los problemas que aquejan a la entidad: la inseguridad pública y la corrupción. No se necesita una nueva Constitución para reducir ambos trastornos sociales. En todo caso, lo imperioso es que las autoridades pertinentes sean eficientes en su ámbito de competencia para reducir estos lacerantes problemas. Luego podemos hablar de una nueva Carta Magna.
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JJ/I