Medina Mora: la SCJN frente al espejo

La intempestiva renuncia de Eduardo Medina Mora, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el 3 de octubre, ha venido a ilustrar, con meridiana claridad, el tipo y la calidad de los vínculos establecidos entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que han caracterizado al Estado mexicano de los últimos años. Una relación plagada de subordinación y sometimiento de los poderes Legislativo y Judicial al Ejecutivo.

Su renuncia, por motivos que no han sido suficientemente expuestos, es el corolario de una presencia en el máximo tribunal que fue severamente criticada y rechazada por amplios sectores, desde el momento de su designación. En efecto, tan pronto como el presidente Peña Nieto lo incluyó en la terna para sustituir al ministro Sergio Valls, diversas organizaciones de académicos, juristas y de la sociedad civil se pronunciaron en contra de su designación, argumentando de manera fehaciente que el candidato no cumplía con los requisitos necesarios para ocupar el cargo.

Entre otras cosas, se advertía su incondicionalidad al presidente. Empero, y a pesar de la oposición de los grupos del PRD, MC y PT, con el apoyo de los senadores del PRI y del PAN, se aprobó el dictamen presentado por Roberto Gil Zuarth, presidente de la Comisión de Justicia, se materializó su ingreso a la suprema corte. O dicho en palabras llanas, se consumó la subordinación del Senado a la decisión presidencial.

De nada sirvieron las casi 60 mil firmas que en la plataforma change.org que repudiaban su nombramiento y solicitaban a los senadores que no lo designaran. Esas voces no encontraron eco en los 83 senadores que avalaron la propuesta. Pero tampoco tuvieron eco entre los ministros que conformaban el tribunal supremo. Los cuales, además, hicieron caso omiso a los graves señalamientos que se dirigían al nuevo ministro, derivados de actos perpetrados en su trayectoria como funcionario público, particularmente como titular del Cisen (2005-2006) y de la Procuraduría General de la República (2006-2009), durante el gobierno de Felipe Calderón.

En una entrevista al diario El País, Alejandro Moreno, profesor del CIDE e impulsor de la petición contra su designación, afirmó que “Medina Mora ha sido uno de los capitanes de la guerra contra las drogas costosa e ineficaz del ex presidente Felipe Calderón, arquitecto de la catástrofe que vive hoy el país y de sus sistemas de procuración de justicia”. Además el mencionado tenía en su haber una serie de casos como el michoacanazo, la represión de Atenco, el operativo Rápido y Furioso, el proceso contra las indígenas acusadas de secuestro, casos todos emblemáticos de flagrantes violaciones al estado de derecho. A pesar de estas imputaciones, en sesión solemne, Medina Mora recibió la toga, credencial y distintivo de manos de Luis María Aguilar, ministro presidente de la SCJN, y le correspondió a la ministra Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación del gobierno actual, pronunciar el discurso de bienvenida. En una de sus partes, la entonces ministra aludió a la reforma zedillista que había transformado la SCJN, reduciendo el número de sus integrantes de 26 a 11 y estableciendo medidas para fortalecer su autonomía.

A la distancia, se observa que estas medidas fueron insuficientes e incapaces de superar la relación de sometimiento del Poder Judicial al Ejecutivo. Paradójicamente, la renuncia de Medina Mora puede convertirse en el punto de quiebre que propicie una depuración al interior de la SCJN. Mediante el desmantelamiento de las relaciones de subordinación entre los poderes y la restauración de la independencia entre los mismos. Para ello, más que una reingeniería institucional, se necesita una voluntad política.

Por eso, resulta alentador escuchar al ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, actual presidente de la SCJN, afirmar que nunca ha recibido presiones ni advertido alguna injerencia de Andrés Manuel López Obrador, actual titular del Ejecutivo.

@fracegon

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