Desapariciones, legislación y gobernanza

En un texto publicado en 2010, Sebastian Saiegh, profesor-investigador del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de San Diego, California se preguntaba si los Legislativos latinoamericanos son jugadores activos o sólo son una oficialía de partes que pone el sello de recibido/aprobado a lo que le turna el Poder Ejecutivo.

La pregunta es relevante porque, como el propio profesor explica, la falta de deliberación legislativa cuando se formulan políticas públicas puede propiciar que se aprueben, aunque pudieran estar mal formuladas, desde un punto de vista técnico, o que no respondan adecuadamente a las necesidades o demandas reales de la ciudadanía, que carezcan del necesario respaldo social, y sean políticamente insostenibles o que se pongan en práctica de manera ineficaz o injusta.

Por otro lado, concluye el profesor, si las legislaturas se involucran constructivamente, pueden ayudar a que las políticas sean más sostenibles, porque tendrán el soporte de un consenso social y político más amplio, además de que suelen ser analizadas más cuidadosamente desde el punto de vista técnico. De manera que aumenta la probabilidad de que las políticas cumplan con los objetivos previstos, en lugar de beneficiar ilegítimamente a ciertos intereses particulares.

Comento lo anterior porque el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, acaba de remitir tres iniciativas de ley al Poder Legislativo, mismo que ha manifestado su intención de aprobarlas a más tardar en un mes. La relevancia del tema es indudable, y la necesidad de que se cuente con un marco jurídico adecuado al respecto no está sujeta a discusión. Por otra parte, las iniciativas se elaboraron con la participación de familiares de personas desparecidas, que son quienes más saben del tema, al menos en sus aspectos prácticos.

El problema es que, pese a que las propias personas afectadas solicitaron que en la elaboración de las iniciativas participaran personas expertas en el tema, integrantes de la academia, y hasta de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, no ocurrió así, lo que les preocupa, pues reconocen que no tuvieron forma de saber si las iniciativas estaban bien elaboradas.

Esta situación, expresada públicamente en el evento en el que el gobernador firmó las iniciativas, llama la atención debido a que contradice su discurso sobre la refundación. Un problema tan grave y tan grande como el de la desaparición de personas definitivamente tiene que abordarse con el concurso de todos los actores sociales en clave de gobernanza, pues de lo contrario se corre el riesgo de que empeore.

De modo que el Congreso de Jalisco tiene una gran responsabilidad al respecto. Sería indigno de las familias de los miles de personas desaparecidas, así como del resto de la población, que nuestro Poder Legislativo se limitara a ser una oficialía de partes en esta circunstancia.

Justamente se está trabajando en la construcción de las condiciones necesarias para que los jaliscienses podamos contar con un Parlamento Abierto, así que es una buena oportunidad de poner en práctica su intención de abrirse al resto de la sociedad, con el fin de que aumente la probabilidad de que las leyes para atender el problema de las personas desaparecidas sean efectivas, y además sean conocidas por más personas, para que exijan su cumplimiento puntual.

Negarse a dialogar con quienes deseen hacer algún aporte a la redacción de las iniciativas, y a dar cuenta de lo que se incorporó, de lo que no y por qué, pondrá en seria duda la intención de construir una nueva relación entre ciudadanía y autoridades.

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@albayardo

JJ/I