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Renuncia clasificada

Nunca debió llegar. Esa es la conclusión general tras la salida de Eduardo Medina Mora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Medina Mora era visto como una especie de embajador de Enrique Peña Nieto en el máximo tribunal del país, es más, se convirtió en su principal operador de protección dentro de la Corte, o al menos eso proyectó cuando puso candado a investigaciones en su contra: en octubre de 2018, el ahora ex ministro otorgó a la Consejería Jurídica de la Presidencia un amparo que impedía a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua investigar o girar cualquier orden en contra del entonces mandatario o su gabinete. 

Peña Nieto propuso a Medina Mora para la SCJN en 2015 y le fue impuesta la toga a pesar de la protesta social acompañada por un cúmulo de firmas en contra.

Además de no reunir el perfil jurídico e independencia necesarios para hacer honor al cargo encomendado, quien asumía como ministro llegaba con muchos reclamos por la represión ejercida en su desempeño en instituciones de seguridad.

Como secretario de Seguridad Pública Federal, puesto que ocupó en 2006,  participó en el operativo de San Salvador Atenco, apenas un mes después de que Peña Nieto había asumido como gobernador del Estado de México. Entonces ordenaron a militares y policías que arremetieran contra el pueblo que se oponía a la construcción de un nuevo aeropuerto. 

Como titular de la extinta Procuraduría General de la República, fue acusado de falta de voluntad para dar con los responsables del incendio en la Guardería ABC y en sus manos estuvo el dar carpetazo a la investigación por el derrumbe de túneles de las minas de Pasta de Conchos, en el que perdieron la vida 65 mineros y 13 resultaron heridos.  

 Con antecedentes como estos, el ruido que hace la salida de Medina Mora de la SCJN, 11 años antes de que terminara su periodo, no es en su defensa, sino por el cómo se fue. 

El ex ministro expuso su renuncia en dos párrafos, sin explicación de motivos, sembrando la duda de que fue por presión y poniendo en entredicho la autonomía de la Corte bajo la sombra de un supuesto interés por parte del presidente de la República de controlarla.

Tanto Medina Mora, como el Ejecutivo ignoraron al tercer Poder, el Legislativo, representado en este caso por el Senado, que debía conocer las causas que obligaban a la renuncia para asegurarse de que no había amenaza o presión de por medio. Sin embargo, se aceptó su dimisión con 111 votos a favor sin importar la negativa del ex ministro a comparecer para revelar sus razones. 

“Ni modo que le tuerza el brazo”, fue la folclórica respuesta de Ricardo Monreal Ávila, el presidente de la Junta de Coordinación Política, ante los cuestionamientos de por qué no se le obligó a presentarse ante el pleno. 

Hay una duda más que dejó Medina Mora y la expuso Clemente Castañeda, uno de los legisladores que se abstuvo de votar. En su defensa del derecho del Senado a conocer la verdad, el emecista cuestionó a la bancada de Morena por qué, en todo caso, no abrieron un proceso de juicio político si tenían elementos y mayoría para hacerlo. 

Fue Andrés Manuel López Obrador quien se encargó de dar a conocer que el ex ministro se fue por voluntad propia para atender las investigaciones que la Unidad de Inteligencia Financiera realiza en su contra por transferencias millonarias sospechosas.

Pero si hay tanta sospecha, ¿por qué aceptar tan abruptamente su renuncia? O, ¿es otro caso de impunidad disfrazada de borrón y cuenta nueva?

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da/i