‘Ley Bonilla’, reto para la estabilidad político-electoral

La realidad nacional en las últimas dos semanas ha estado impregnada, sobre todo, de temas de seguridad nacional que probablemente constituyen un capítulo urgente en su tratamiento y desarrollo, sin embargo, también en el curso de los últimos días tuvo lugar un evento, de carácter político, que tendrá consecuencias importantes para la nueva administración federal.

La aprobación del Congreso del Estado de Baja California de la ampliación del periodo de gobierno de dos a cinco años, la denominada ley Bonilla, tendrá consecuencias para la gestión, no administrativa, sino del Poder Judicial y de la gestión, estrictamente política.

El 28 de diciembre de 2018 el Consejo General del Instituto Electoral de Baja California aprobó el acuerdo para emitir la convocatoria al proceso electoral y ésta se publicó el 5 de enero de 2019, especificando el periodo de gobierno que se definió entre el 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021.

Las urnas dieron el triunfo al candidato de Morena y se estableció el plazo para el que se pactó esta representación gubernamental en un periodo de dos años. En esta ocasión, a diferencia de la historia de las impugnaciones de los partidos de izquierda, esencialmente representados por el PRD, no se trató de robos de urnas o de cambios en el sentido de las mayorías de votos en cada uno de los distritos. Se ganó y se impugnó.

El candidato morenista Jaime Bonilla reclamó no reconocer el acuerdo, firmado por su partido, respecto del hecho de que el periodo se acordó para una duración de dos años y empatar, en el futuro, las elecciones estatales con los procesos de elección federal.

El sentido de la impugnación de Jaime Bonilla constituye una modificación monumental dado que su reclamo lo fundamenta en el hecho de que el sentido acordado de la elección se modifique, de acuerdo con su criterio personal, y se dé por concluido el acuerdo electoral pactado y se amplíe su periodo gubernamental por cinco años. Es decir, anular la estructura jurídica que fundamenta el proceso electoral y que el Congreso del Estado transforme una disposición acordada con el Instituto Nacional Electoral relativa al periodo de gobierno. Se trata pues de anular el objeto central y primario de la democracia representativa y de respetar el sentido del voto ciudadano para modificar no solamente el acuerdo, sino la propia constitución del Estado.

Lo interesante en este caso es que se trata de Morena, y los reclamos de democracia y equidad que históricamente han formado parte de sus plataformas ideológicas y de las luchas por mantener los equilibrios electorales súbitamente se han transformado en un reclamo, casi una imposición, de establecer un gobierno sin el aval ciudadano.

El Tribunal Federal Electoral ratificó el sentido del triunfo de Bonilla para un periodo de dos años; el Congreso del Estado, de mayoría morenista, aprobó unilateralmente la ampliación de mandato. En este momento, los partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano han interpuesto el recurso de inconstitucionalidad para anular la ampliación de mandato. Es decir, los resultados de las urnas y el sentido de los votos, así como la expresión ciudadana en un proceso electoral, no tiene importancia, sino el litigio de Morena de ampliación del periodo gubernamental.

Primero vendrá la definición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tiene un importantísimo antecedente en el fallo del Tribunal Federal Electoral y que,tanto Ejecutivo como Legislativo de Baja California desacataron. No es buena señal que la democracia se desarrolle en la Corte, para eso se trabajó y luchó en establecer las urnas.

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