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Sinaloa, prueba de fuego para la 4T

El jueves pasado, en el marco de un operativo realizado por la Policía Ministerial de Sinaloa en la ciudad de Culiacán y cuyo objetivo era la detención de Ovidio Guzmán, la acción derivó en un enfrentamiento armado entre el grupo criminal y las Fuerzas Armadas en diferentes puntos de la ciudad, arrojando un saldo, de acuerdo con El Universal, de ocho personas fallecidas, 16 heridas y 51 reos que se evadieron del Centro Penitenciario de Aguaruto.

Aunque desde el inicio de su gestión, el actual gobierno se había enfrentado al crimen organizado en el contexto de la lucha contra el huachicol y otros episodios recientes en Michoacán y Guerrero, ninguno de ellos había presentado la intensidad y el dramatismo de los sucesos que se registraron en Culiacán.

El enfrentamiento tuvo como escenario las calles y zonas habitacionales de la ciudad. Según el parte presentado por el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval, hubo “19 bloqueos de diferentes vialidades, 14 agresiones con armas de fuego al personal del Ejército mexicano y Guardia Nacional… ocho vehículos militares y un helicóptero con impactos de armas de fuego… se agredió al cuartel general de la novena Zona Militar, el C4 de la Policía Estatal y el puesto de vigilancia de Limón de Ramos”. Cabría precisar que en la zona militar se encuentran las unidades habitacionales en las que residen las familias de los militares.

De entrada habría que señalar que este tipo de acontecimientos ya se habían registrado previamente, incluyendo la liberación de presuntos delincuentes, en los gobiernos de Calderón (Tamaulipas, 2009; Nuevo León, 2010) y Peña Nieto (Guadalajara, 2015); la diferencia en esta ocasión es el reconocimiento por parte del titular de la Sedena de que se “actuó de manera precipitada con deficiente planeación, así como falta de previsión sobre las consecuencias de la intervención, omitiendo además obtener el consenso de sus mandos superiores”. En un hecho inédito, en esta ocasión el gabinete de seguridad, en voz del general, sale a los medios y asume la responsabilidad del operativo fallido.

Otra diferencia sustancial, inédita, es la declaración del presidente de la República en la que asume la responsabilidad de finalizar el operativo y la posterior liberación del detenido, argumentando que su decisión se debió a salvaguardar la vida de la población y evitar un derramamiento de sangre. Esta resolución desencadenó una intensa polémica en las redes sociales que ilustra el nivel de polarización que subsiste en el seno de la sociedad mexicana. A la postre, los hechos han demostrado que, a pesar de constituir una derrota en la lucha al crimen organizado, la decisión presidencial había sido acertada. No sólo en el terreno de lo jurídico, en virtud que el imperativo fundamental de la Constitución es la salvaguarda de la integridad y la seguridad de los ciudadanos. A él deben subordinarse todos los demás y también en lo relativo al terreno de lo militar, dada la desventaja de las Fuerzas Armadas frente al grupo criminal.

Pero también la opinión pública ha manifestado, en sendos sondeos, su aprobación a la decisión presidencial: 53.1 por ciento (Mitofsky) y 55 (Demotecnia) a nivel nacional, aprobación que se incrementa a 79.1 por ciento (Mitofsky) entre los habitantes de Sinaloa. En contraste a los gobiernos anteriores, Andrés Manuel se ha negado, en forma sistemática, a implementar una estrategia que implique la pérdida de vidas humanas, lo que en la jerga militar denominan como “daños colaterales”.

Sinaloa no representa, como algunos afirman, el fracaso de la 4T. Por el contrario, es el bautizo de fuego que pone en evidencia las debilidades internas del gabinete de seguridad y obliga a una revisión exhaustiva tanto de la estrategia como de sus integrantes y de implementar los correctivos que se requieran.

@fracegon

JJ/I