Observemos al sistema anticorrupción

Acaba de completarse el segundo año de existencia del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Anticorrupción del Estado (SAE), por lo que es un buen momento para reflexionar en torno a lo que se ha logrado y lo que queda por hacer.

En su primer año, el CPS, bajo la presidencia de Jorge Alatorre, tuvo que sortear las trabas que nuestro sistema político le puso. De manera más o menos consciente, diversos actores políticos sometieron a prueba a quienes integran al CPS, tratando de que se rindieran y dejaran que las cosas permanecieran igual. A mi parecer, el CPS logró superar airosamente dichas pruebas.

Así, durante su segundo año, ahora bajo la presidencia de Freddy Mariñez, se puso a prueba la fortaleza institucional del sistema en su conjunto, y afloraron las grietas que probablemente ya estaban ahí, pero que no habíamos podido observar. Al modo como en una casa nueva aparecen los detalles que es necesario corregir una vez que se empieza a habitar, así ha ocurrido con el SAE.

¿Qué sigue? Ahora, bajo la presidencia de Lucía Almaraz, habrá que corregir lo que haga falta del diseño general del sistema anticorrupción, así como lo que le corresponde a cada uno de los organismos que lo integran. Además, me parece, será necesario que se ponga en marcha una pedagogía de la integridad, que ayude a la población a comprender por qué vale la pena abstenernos de participar en las diversas manifestaciones de la corrupción, y fomentar un comportamiento que nos permita desempeñar nuestros diversos roles de manera equitativa.

Ahora bien, me parece claro que, si el sistema ha entrado en funcionamiento, y ha manifestado sus aspectos débiles, es porque la sociedad se ha encargado de ponerlo a trabajar; de otra manera sería una construcción que nadie sabe si es útil o no, pero que de cualquier manera demandaría recursos para mantenerse en pie.

La pregunta es qué sigue, y al respecto considero que es hora de que comencemos a hacer pruebas más sistemáticas, para que el sistema anticorrupción funcione de manera óptima. En este caso, la tentación es tratar de medir el impacto que está teniendo el sistema en el resto de la sociedad, pero si tomamos en consideración que no es algo tan simple medir qué tanto ha permeado la cultura de la integridad entre nosotros, me gustaría rescatar una propuesta desarrollada por John Ackerman, hace algunos años, la cual permite evaluar de manera realista el desempeño de organismos del tipo de nuestro sistema anticorrupción.

Siguiendo a Michael Barzelay, quien considera que para evaluar el desempeño de un organismo público es necesario revisar cada uno de los elementos de la cadena de insumos, proceso, productos y resultados, Ackerman elaboró una metodología basada en cuatro dimensiones: la solidez de la estructura del organismo, su funcionamiento, sus productos, y la forma en que la sociedad se ve afectada como resultado del funcionamiento del organismo; coincidiendo con Barzelay en que la última dimensión sólo puede valorarse de manera parcial.

A manera de ejemplo, comparto algunas preguntas elaboradas por Ackerman, que permitirían hacer la valoración que propongo llevar a cabo: ¿está claro quién exactamente debería seguir las órdenes de quién y quién es responsable de qué? ¿Cuál es el grado de autonomía que tiene el sistema en su conjunto, y cada uno de sus organismos, respecto de influencias externas que puedan corromper sus operaciones? ¿El sistema funciona de forma reactiva o con un sistema de jerarquización y diagnóstico racional y legal?

La invitación es a hacernos copartícipes en la construcción de un Jalisco íntegro.

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@albayardo

JJ/I