Falta mucho, pero ¿vamos bien? 

Para los mandatarios, es decir, quienes deben mandar obedeciendo, es muy importante contar con el respaldo popular, pues de otra manera su autoridad se desvanece, y su ejercicio de gobierno se vuelve inútil. Por ese motivo es que se esfuerzan tanto por crear un discurso que dé sentido a sus decisiones y agrupe a la gente para que le siga brindando su respaldo. Así es comprensible que se molesten con quienes ponen en cuestión dicho sentido. 

Pero como dice una frase atribuida a William Penn, fundador de la colonia británica de Pensilvania, “sólo tienen derecho a criticar los que tienen corazón para ayudar”. Lo aclaro porque considero pertinente hacer una crítica del informe que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, presentó el lunes 4 de noviembre sobre la situación que guarda el tema de la seguridad pública en nuestro estado. 

Reconozco que el gobernador se da cuenta de lo relevante que es el tema, tanto que, como él mismo lo comentó, prefirió dedicarle un espacio particular a exponer los datos que tiene al respecto, para evitar que esa información se diluya entre todos los demás que abordaría en su primer Informe de Gobierno, mismo que presentó ayer ante el Congreso de Jalisco. 

De hecho, cualquier persona que tenga a su cargo un tema como ese debería sentirse nerviosa ante la magnitud del reto, no sólo por sus dimensiones, sino por la gran cantidad de repercusiones que tiene en relación con los derechos humanos o la economía, por sólo citar dos de ellos. De ahí que se tenga la fuerte tentación de presentar las cosas de modo que no se generen pánico e indignación. 

El problema es que de hecho ya se generaron, y desafortunadamente no parece que las acciones de quienes están a cargo de preservar la seguridad pública y procurar la justicia en nuestro estado tengan una estrategia definida, más allá de tratar de convencer a la población de que vamos bien. 

¿Por qué afirmo que no hay una estrategia definida? Porque los datos y apuestas que presentó el gobernador lo ponen de manifiesto. Para empezar, el objetivo que se plantea es “bajar los indicadores de incidencia delictiva”. Esto es un error conceptual, porque lo que es necesario disminuir es la incidencia delictiva. 

Una disminución en los indicadores se puede lograr creando condiciones que desincentiven la presentación de denuncias, como podría ser la creación de procedimientos tan lentos que impliquen que quien quiera presentar una denuncia tenga que presentarse por lo menos tres veces ante el ministerio público, e invertir un promedio de seis horas en cada ocasión. 

Si a eso se le agrega que quien denuncia deba presentar los datos del delincuente, y las evidencias necesarias para acusarlo, lo que se supone que es el trabajo de la autoridad, es claro que se logrará una disminución de las denuncias, especialmente en el caso de los delitos que el gobernador afirma, sin fundamentarlo, que son los que más afectan a la población, como los robos. 

Pero, ¿quién define qué delitos tienen más impacto en las personas? El caso del asesinato de la familia LeBarón en Chihuahua puso de manifiesto que todas las personas estamos expuestas a sufrir agresiones de ese tipo, porque lo que las propicia es la impunidad, y en ese tema no se presentaron datos que nos permitan suponer que el gabinete de seguridad de Jalisco tiene una estrategia clara y bien definida. 

Por nuestro bien es mejor que quienes apoyan a nuestro mandatario tracen una buena estrategia contra la impunidad, porque falta mucho por hacer, y no es claro que vayamos en la dirección correcta. La población de Jalisco es la que está en riesgo. 

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