Narcoterrorismo 

Debido de los acontecimientos ocurridos en El Paso, Texas, el sábado 3 de agosto, el gobierno de México, a través del canciller Marcelo Ebrard, consideró el acto como terrorismo en los siguientes términos: “Decimos que es un acto de terrorismo porque así está establecido en el código mexicano. Estados Unidos procede como terrorismo doméstico”. Recientemente, el gobernador de Tamaulipas usó el término “narcoterrorismo” para describir lo que ocurre en su estado; y ahora Trump está considerando incluir a los cárteles de la droga en México como terroristas, luego de que tres mujeres y seis niños de la comunidad mormona de Sonora y Chihuahua fueran brutalmente asesinados. ¿Allá sí y acá no? 

Considerar que las actividades de los grupos de narcotraficantes sean catalogadas como terrorismo no es nuevo. En un documento de 2011 de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, titulado Insurgencia y terrorismo en México, se discute ampliamente la disputa del Estado mexicano con los grupos del crimen organizado. El documento argumenta que la “insurgencia” en nuestro país es una amenaza a la gobernanza democrática y que las organizaciones criminales transnacionales emplean tácticas terroristas para amedrentar a la población y desafiar al Estado. 

Un artículo publicado por Howard Campbell en 2012 argumenta que la narcopropaganda (actos de violencia premeditados con el fin de comunicar un mensaje particular, videos, grafiti, cárteles y mantas, blogs, narcocorridos e intentos de control de ciertos medios de comunicación), “más allá de constituir una forma de comportamiento criminal, es una expresión cuasi ideológica de las organizaciones criminales que, junto a sus aliados dentro de la policía, el Ejército y el gobierno, controlan vastos territorios tomando para sí muchas de las funciones tradicionalmente asociadas con el Estado. Por lo tanto, estas organizaciones delictivas deberían de ser tratadas analíticamente como entidades políticas y su narcopropaganda como una nueva y poderosa forma de discurso político”, y claro, concebido como terrorismo. 

Algunos especialistas e investigadores se han preguntado si la situación que existe en nuestro país puede ser considerado como un “conflicto armado no internacional” (CANI); de acuerdo con el Estatuto de Roma existe cuando “se aplica a los conflictos armados que tienen lugar en el territorio de un Estado cuando existe un conflicto armado prolongado entre las autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre tales grupos”. 

De acuerdo con un estudio del ITESO publicado este año, La situación de la violencia relacionada con las drogas en México del 2006 al 2017: ¿es un conflicto armado no internacional?, concluye que, de acuerdo con el análisis de la información consultada, “en México ha estado ocurriendo un conflicto armado no internacional desde 2007 y a lo largo de 12 años analizados entre el gobierno mexicano” y varios grupos de la delincuencia organizada. 

El informe anual Índice de Terrorismo Global 2019, que mide el impacto del terrorismo en el mundo, anota que México obtuvo una calificación de 4.8 (donde Afganistán tiene la mayor calificación, con 9.6) y subió ocho peldaños con respecto al año anterior. De acuerdo con la organización elaboradora de este índice, el Instituto para la Economía y la Paz, considera que México registró un aumento de 58 por ciento de terrorismo en 2018, caracterizado por ataques a políticos y periodistas, muchos de ellos perpetrados por los cárteles del narcotráfico. 

Si bien los cárteles de las drogas en ocasiones recurren a tácticas terroristas, etiquetarlos como tales traerá más problemas que soluciones para combatirlos. En principio, así sería si esos grupos significaran una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, cual no lo es; además, combatir con tecnología de punta y armamento letal en suelo mexicano sería un atentado contra la soberanía territorial de México, y las muertes colaterales entre ciudadanos producto de esta guerra serían innumerables. Lo que sí es cierto es que se requiere más coordinación entre ambos países y para Trump significa aprovechar esta situación para intensificar su campaña electoral. 

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