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Falso hasta en el apellido
Al Rey Sol
José Miguel Bejos comparte con Enrique Peña Nieto la pasión por el golf. El empresario es comisionado del Tour Profesional de México (www.josemiguelbejos.com) y el ex presidente un confeso practicante de esta disciplina. Al terminar su mandato, el ex titular del Ejecutivo se mudó a la casa que adquirió en el Country Club Gran Reserva de Ixtapan de la Sal, en el Estado de México. La crónica política les atribuye partidas juntos en ese exclusivo lugar.
Cierto o no, entre ambos se forjaron más vínculos que los de dos amigos que se divierten con el deporte: compañías relacionadas con el empresario recibieron millonarios contratos para obra pública durante el gobierno de Peña Nieto, incluidos los más jugosos de la Línea 3 (L3) del Tren Ligero de Guadalajara, el Túnel y el Viaducto 1, el primero por 6 mil 193 millones de pesos (mdp) y el segundo por 4 mil 213 mdp.
José Miguel Bejos es el principal accionista de Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructura (Prodi) y también miembro del consejo de administración de la filial en México de la empresa portuguesa Mota-Engil. Ambas empresas forman parte de los consorcios que ganaron las licitaciones de estos dos tramos, de los tres que conforman el tren.
En ambos contratos se incurrió en retraso en ejecución de las obras, sobrecostos e irregularidades, características que marcaron la principal obra civil impulsada durante el gobierno de Peña Nieto en Guadalajara. Además de Prodi y Mota-Engil, los consorcios Viaducto 1 y Túnel están integrados por la española Sacyr y las constructoras locales Ral y Trena.
Grupo Prodi fue fundado el 1 de agosto de 2011 en Naucalpan, Estado de México, según datos del Registro Público del Comercio (RPC), un año antes de que Peña Nieto asumiera la presidencia. En el acta constitutiva de la empresa se menciona que está conformada a su vez por otras dos: Controladora Central de Participaciones, SA de CV, y Controladora de Empresas Prestadoras de Servicios Públicos.
En agosto de 2012, Prodi cambió su objeto social para incluir entre sus actividades la “ejecución de obras de manera directa o mediante la subcontratación”. Esta última modificación se dio apenas dos años antes de las licitaciones de la L3, por lo que carecía de la experiencia exigida en la convocatoria; sin embargo, el requisito se compensó con los otros integrantes del consorcio.
Los apoderados legales que se establecieron en la fundación de Prodi son José Miguel Bejos, Diego José Palafox Castillo, Eduardo Corzo Osorio y Javier García Bejos.
Prodi es parte de un entramado de empresas en las que Bejos y su familia aparecen. En febrero de 2016, un reporte de la Bolsa Mexicana de Valores señaló que Grupo Prodi solicitó un crédito para adquirir acciones de la empresa Desarrolladora Mexicana de Infraestructura Social, la cual fue constituida en diciembre de 2007 en la ciudad de Toluca.
Desarrolladora Mexicana está a su vez constituida por Controladora de Empresas Prestadoras de Servicios Públicos, SA de CV, y Compañía Inversora Corporativa. Sus apoderados legales son Eduardo Corzo Osorio, Javier García Bejos, Diego José Palafox Castillo, José Miguel Bejos y Alfredo Miguel Bejos.
Las empresas de José Miguel Bejos recibieron contratos millonarios en el sexenio de Peña Nieto. Apenas cambió de objeto social, Grupo Prodi obtuvo en tres años de manera directa contratos que superan los mil millones de pesos, con obras asignadas principalmente por la SCT, como el libramiento de Ciudad Valles, en San Luis Potosí, o la carretera Mexicali-Laguna, en Baja California.
Hay evidencia de la cercanía en la relación entre Peña Nieto y José Miguel Bejos. Un primo del empresario, llamado Javier García Bejos, quien en algún momento también fue accionista de Grupo Prodi, fue subsecretario de Desarrollo Social durante la gestión de Luis Miranda Nava, otro aficionado al golf y socio del club en Ixtapan de la Sal, donde también tiene una vivienda, es decir, el mismo lugar donde se mudó el ex presidente al terminar su mandato en diciembre de 2018.
El nombramiento de García Bejos en Prodi se revocó en agosto de 2012, por lo que al momento de la firma del contrato de la L3 ya no formaba parte de la empresa de su primo José Miguel Bejos.
Otro vínculo entre la familia Bejos y el expresidente se dio cuando Peña Nieto ganó las elecciones presidenciales y rentó durante 84 días una casa ubicada en la calle Virreyes 1130, en la Ciudad de México. La propietaria de la vivienda es Inmobiliaria Virreyes, de la familia de José Miguel Bejos.
El contrato de arrendamiento fue firmado por el representante legal de la inmobiliaria, Eduardo Corzo Osorio, según la información publicada en el sitio web del proceso de transición. Años después, el 7 de enero de 2014, Corzo Osorio, quien es apoderado legal de Grupo Prodi, registró en un paraíso fiscal de Bahamas la empresa Cora Global Ltd, a través del despacho Mossack Fonseca, de acuerdo con los datos que se hicieron públicos con la investigación de los Panamá Papers.
En noviembre de 2018, medios de comunicación nacionales dieron a conocer que el entonces presidente Peña Nieto y su familia habían dejado la residencia oficial de Los Pinos para mudarse a la finca ubicada en el Country Club Gran Reserva Golf de Ixtapan de la Sal, en su natal Estado de México.
La casa fue adquirida por el ex mandatario en 2005, cuando era gobernador del Estado de México, según confirmó la Presidencia de la República en enero de 2015, cuando el diario estadounidense The Wall Street Journal (20 enero 2015) dio a conocer que el inmueble perteneció antes a un contratista del gobierno federal. Se trata de Roberto San Román Widekehr, un empresario favorecido con obras públicas en el Estado de México, justo en el gobierno de Peña Nieto.
El campo de golf, según un político del Estado de México que habló fuera de grabadora para este reportaje, fue el punto en el que Peña Nieto se reunió en varias ocasiones durante su sexenio con sus compañeros de juego: José Miguel Bejos y Luis Miranda Nava; este último, además de secretario de Desarrollo Social, fue subsecretario de Gobernación mientras Peña Nieto fue presidente y secretario de Gobierno cuando fue gobernador del Estado de México (2009-2011). A Miranda Nava se le atribuye un papel clave como engranaje en la relación entre el ex presidente y Miguel Bejos.
(Y EN EL TÚNEL. Grupo Prodi, empresa cuyo principal accionista es José Miguel Bejos, participa en la construcción del Viaducto 1. Foto: Archivo)
José Miguel Bejos es hijo del empresario de origen libanés Jesús Alfredo Miguel Afif, quien hizo fortuna principalmente en el centro del país con contratos ligados a gobiernos a través de concesiones, obras y proyectos públicos, conseguidos en particular durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).
El padre de José Miguel Bejos abandonó México durante el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) tras un escándalo por un fraude a Petróleos Mexicanos (Pemex). Volvió al país durante el gobierno de Peña Nieto, aunque más alejado de los reflectores, pues su hijo heredó los grandes negocios con el sector público, como los dos contratos del Tren Ligero de Guadalajara.
José Miguel Bejos y su padre también forman parte de Mota-Engil. La empresa portuguesa inscribió una filial en México en enero de 2010, según datos del RPC, y fue conformada a su vez por Mota-Engil Engenharia e Construcao, SA, y Mota Internacional-Comercio e Consultadoría Económica, LDA. Se nombró como apoderado a Manuel de la Torre Rodríguez.
Desde entonces, Mota-Engil ha realizado más de 20 cambios en su estructura, todos reportados ante las autoridades. En particular han sido nombramientos y revocaciones de su consejo.
Entre los cambios, el 19 de abril de 2017 se nombró como presidente de su consejo a Jesús Miguel Afif y como miembro del mismo a José Miguel Bejos. Cinco días después incorporó a Xavier Jiménez de León en su lista de apoderados legales y a Diego José Palafox Castillo como su secretario; estos dos últimos son apoderados de Grupo Prodi. En los movimientos de la empresa portuguesa posteriores a esas fechas no se registran revocaciones de estos nombramientos.
Mota-Engil fue fundada en 1946 y es una de las empresas más importantes en Portugal y uno de los 30 grupos europeos más relevantes en el ramo de la construcción. A México llegó en 2007, al adjudicársele la concesión de la carretera Perote-Xalapa, en el estado de Veracruz.
Durante el sexenio anterior, la empresa portuguesa fue además una de las 10 que más contratos recibieron, según datos del sistema Compranet, con proyectos que suman 10 mil 498 millones de pesos.
A Mota-Engil le fueron asignados los contratos para el libramiento poniente de Acapulco, por más de mil 130 mdp; la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, Tabasco, por 574 mdp; una obra ferroviaria por 445.8 mdp; la modernización de la carretera Manzanillo-Minatitlán, en Colima, por 415 mdp; el distribuidor vial La Pigua Villahermosa-Macultepec, en Tabasco, por 301 mdp; la construcción del rompeolas sur, en Isla del Carmen, Campeche, por 267.5 mdp; interconexiones ferroviarias en Durango, por 257.5 mdp, y la carretera Ciudad Valles-Tampico, en San Luis Potosí, por casi 190 mdp.
La empresa portuguesa cuenta con un historial de señalamientos en otros países como Colombia, Paraguay y Perú por incumplimiento de contratos. En varios casos, una vez que gana una licitación, subcontrata empresas locales, las cuales la han señalado por falta de pagos. Además tiene procesos de investigación formalmente abiertos en Brasil y Paraguay por presuntos pagos de sobornos para que se le asignaran contratos.
Una situación similar se ha dado con la española Sacyr, la cual tiene abiertas investigaciones en su país y en otras naciones de Sudamérica relacionadas con incumplimiento de contratos y casos de corrupción, especialmente con el pago de sobornos para obtener contratos. Un juez de Toledo, España, imputó incluso al entonces presidente de la empresa, Luis del Rivero, por presuntamente pagar 200 mil euros (4.3 millones de pesos) para conseguir el contrato de recolección de basura en esa ciudad. En Colombia, medios de comunicación han documentado el incumplimiento de 50 por ciento en las obras que le han sido asignadas.
Por su parte, Trena es la empresa jalisciense incorporada a este proyecto. Se trata de una constructora fundada en 1989 por el desarrollador urbano Manuel Vázquez Arroyo Aldrete, constructor cercano a los gobiernos del PRI en Jalisco y quien recibió en adjudicación directa del ex gobernador Guillermo Cosío Vidaurri el contrato para la construcción de la obra civil de la Línea 2 del Tren Ligero de Guadalajara en 1991, con su constructora Tláloc. Al término de la obra cobró 232 millones de dólares, 30 por ciento más de lo pactado en el contrato original (Siglo 21, 27 de noviembre 1996). Para pagarle, el gobierno del estado solicitó un crédito que, 28 años después, no se ha liquidado.
Los consorcios para la construcción del túnel y Viaducto 1 se constituyeron legalmente en junio y julio de 2014, respectivamente, ante el notario 136 del Estado de México, Víctor Benítez González, quien es hijo de Humberto Benítez Treviño, un político cercano a Peña Nieto. Ambos coincidieron como diputados en el Congreso mexiquense (2003-2005), después Peña lo nombró en su gubernatura como su secretario de Gobierno (2005-2008) y ya en la presidencia de la República lo designó en 2012 como procurador federal del Consumidor.
El contrato para la construcción del Viaducto 1, que va de Periférico a la glorieta de La Normal, fue firmado en junio de 2014 por la SCT y el Consorcio GDL Viaducto, conformado por Grupo Prodi, Mota-Engil, la española Sacyr y Trena.
El Consorcio Túnel Guadalajara, SAPI de CV, también conformado por Grupo Prodi, Mota-Engil, la española Sacyr y la jalisciense Trena, firmó el contrato para la construcción del túnel –comienza en la glorieta de La Normal y concluye en la plaza de La Bandera– en agosto de 2014.
Esta es la tercera entrega de la investigación realizada por reporteros de medios de la Universidad de Guadalajara y de El Diario NTR Guadalajara, en alianza con la plataforma latinoamericana de periodismo Connectas y el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ).
Las irregularidades ventiladas en torno a la Línea 3 (L3) del Tren Ligero evidencian fallas en la supervisión del megaproyecto, apuntó Jorge Fernández Acosta, arquitecto y académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), quien además señaló la falta de recursos en algunos momentos de la obra, lo que implicó retrasos.
“Conocí a varias empresas que en algún momento del proceso de la obra comentaban que no fluían los recursos de manera eficaz para poder dar continuidad a los trabajos. Eso también retrasa, es parte de un proceso amañado, no planeado, no planificado, donde la logística falló en todos los sentidos”, comentó.
En entrevista con InformativoNTR, el especialista señaló que también se detectaron vacíos en el proyecto ejecutivo de la L3, lo que habría permitido manipular cifras y encarecer la obra.
“En los conceptos extraordinarios, como no hay volúmenes previstos, se pueden manejar cantidades y volúmenes y precios que están fuera de cualquier parámetro. En este caso rebasaron de manera infame el presupuesto original de 17 mil millones de pesos, vamos ahorita como en 33 ó 34 (mil millones de pesos) y desde mi perspectiva todavía faltan 5 mil millones de pesos para terminar esta obra”, advirtió.
El académico añadió que es muy difícil que la L3 se concluya en el plazo previsto, es decir, en este mes. Además, para cuando se inaugure estará obsoleta, pues la metrópoli ha crecido más, principalmente hacia Tlajomulco de Zúñiga. Redacción
Grupo Prodi, Mota-Engil, Sacyr, Ral y Trena integran los consorcios para la construcción del Viaducto 1 y túnel de la Línea 3 del Tren Ligero
El padre de José Miguel Bejos es el empresario de origen libanés Jesús Alfredo Miguel Afif, quien ganó contratos durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Años después, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, se ausentó del país por un fraude a Petróleos Mexicanos (Pemex), pero volvió a México durante el gobierno de Peña Nieto
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