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Crucificándose
Empiezan las campañas
Para exigir justicia por el asesinato de su joven hija, Rubí Marisol Frayre Escobedo, cometido en agosto de 2008, durante más de dos años Marisela Escobedo Ortiz organizó manifestaciones y protestas en Chihuahua. El 16 de diciembre de 2010 permanecía en plantón frente al palacio de gobierno, en la capital del estado, cuando debió correr y atravesar la calle para escapar de quien la perseguía pistola en mano. El asesino disparó en la cabeza a Marisela, frente a la puerta del edificio en que despachaba el ahora prófugo gobernador César Duarte. Marisela murió minutos más tarde. Ayer se cumplió otro año del crimen.
En un caso con semejanzas, el 25 de abril de este año fue asesinada Vanessa Gaytán Ochoa frente a Casa Jalisco, residencia del gobernador Enrique Alfaro. La mujer acudió desesperada en busca de resguardo ante las agresiones de su marido, quien la persiguió y arrolló con su vehículo, al igual que a un escolta del fiscal Gerardo Solís Gómez. El asesino descendió del automóvil y mató con un cuchillo a Vanessa. Otro guardaespaldas del fiscal observó lo sucedido y disparó contra el feminicida, quien murió. Vanessa ya había demandado inútilmente protección de las autoridades.
Ambos casos, de Chihuahua y Jalisco, son simbólicos: mujeres con alto riesgo de resultar agredidas son asesinadas justo frente a las oficinas de quienes, vía sus equipos, debieron protegerlas. Son innumerables las mujeres que enfrentan situaciones de vulnerabilidad no únicamente ante la violencia de los varones; también son vulnerables a la violencia institucional que no garantiza sus derechos.
Uno de los ejemplos son las resoluciones del Poder Judicial, como la tomada por los magistrados de la Sexta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado que dejaron en libertad a Luis Alberto N, asesino confeso de su ex esposa Yolanda, a quien ahorcó en junio de 2015. Que originalmente lo hayan sentenciado a 25 años de prisión de poco sirvió. Ahora la familia de la víctima teme represalias.
Tras la liberación del señalado como victimario, el Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) expresó “su indignación con el Poder Judicial del Estado de Jalisco que se ha convertido en el paraíso de los feminicidas” y exigió una investigación exhaustiva a los magistrados que dictaron la absolución.
Ante lo sucedido, María Elena García Trujillo, subsecretaria de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, señaló que estaban revisando la resolución y preparando un amparo, y reiteró que jueces y magistrados han ordenado liberar feminicidas. En su cuenta tuitera, la funcionaria escribió el fin de semana que entre el miércoles y viernes pasado, “el Poder Judicial del estado de Jalisco dejó en libertad a tres feminicidas. Dos de ellos confesos”.
Las liberaciones ocurren en un contexto en que, durante 2019, en promedio semanal una mujer es asesinada en Jalisco por razones de género; donde tres de cada cuatro víctimas han sido asesinadas en el Área Metropolitana de Guadalajara, como informó ayer este medio. En una entidad con ineficientes alertas de género, continúan alarmando las decisiones del Poder Judicial. La abogada Alejandra Cartagena denunció que, antes de salir de vacaciones, el Juzgado Tercero de lo Criminal liberó otros cuatro feminicidas confesos del crimen de Perla Gurrola. El tramado jurídico en que se basan las decisiones judiciales, aprobado por oleadas de diputados y legislaturas locales, es un fiasco.
En Jalisco, las mujeres asesinadas y sus familias son revictimizadas por un sistema que, en vez de prevenir, impedir y sancionar tales crímenes, solapa victimarios. A la violencia de varones se suma la violencia de instituciones.
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