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A partir del 1 de enero de 2020 el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) sustituyo al Seguro Popular como una alternativa para atender los problemas de salud de las y los mexicanos que no cuentan con seguridad social. A partir de ello se han generado críticas y descalificaciones, algunas con justa razón y otras con evidentes intereses partidistas.
El Insabi, de acuerdo al decreto que reformó la Ley General de Salud, en su artículo 77 bis 1, establece que “todas las personas que se encuentren en el país que no cuenten con seguridad social tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados, al momento de requerir la atención”, es decir, una noticia maravillosa para millones de mexicanos.
Pero también es cierto que a muchas personas con problemas graves o no tan graves de salud que estaban incorporadas al Seguro Popular se les ha negado o complicado el acceso a su muy necesaria atención médica y/o les han cobrado por la atención y los medicamentos y materiales médicos, incluso elevando el costo de lo que venían aportando, o sea, situaciones inaceptables.
Ante este panorama, es injustificable que las autoridades federales no hayan definido oportunamente los lineamientos y las reglas de operación, y establecido convenios con las autoridades estatales para garantizar que no se afectará a las y los pacientes.
Si bien el artículo 77 bis 37 del decreto señala que los beneficiarios podrán recibir servicios integrales de salud, lo cierto es que el resto del decreto de reforma de la Ley General de Salud que caracteriza al Insabi sigue reproduciendo una concepción atrasada, reduccionista y biologicista de los servicios de salud. Privilegia los servicios médicos y olvida, por un lado, la importancia de la prevención de los problemas de salud y la promoción de la misma, lo cual favorecería que se redujera el número de personas enfermas, y, por otro lado, no genera condiciones para que las y los mexicanos desfavorecidos cuenten con servicios públicos de salud mental suficientes, de calidad, incluyentes y éticos.
Lo que no se ha entendido y no se quiere entender es que el ser humano es un ente bio-psico-social y que debemos avanzar a modelos científicos, modernos, integrales, incluyentes, éticos y de calidad de atención a la salud de las y los mexicanos.
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jl/I