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Crucificándose
Empiezan las campañas
En días pasados, al terminar el concierto que la artista urbana Flor Amargo había ofrecido en la Plaza Guadalajara, personal del ayuntamiento, acompañado de elementos policíacos, procedió a requisar el equipo de la cantante, mediante acciones que pueden calificarse de rudeza innecesaria. El argumento de la autoridad fue que Flor Amargo no había solicitado el permiso para ejecutar su concierto en un espacio público, conforme a lo establecido en el reglamento municipal. Empero, la artista consideró que la acción de la autoridad había sido un atropello, elaboró un video que difundió por las redes sociales, que en poco tiempo se viralizó y se convirtió en tendencia en el espacio tuitero, lo que desencadenó multitud de opiniones.
El incidente de Flor Amargo y la reacción de las redes sociales ilustran con meridiana claridad, dos cuestiones que tienen fuertes efectos en la convivencia social. Una positiva y otra negativa. La positiva fue la evidencia de la capacidad de las redes sociales para movilizar a sus usuarios y denunciar el posible atropello de las autoridades, la municipal en este caso e inclusive incidir en la rectificación de sus acciones. Las abrumadoras expresiones de solidaridad y apoyo a Flor Amargo, primero en redes y luego en medios, obligó al alcalde Ismael del Toro a ofrecer una explicación primero, y luego entrevistarse con la artista urbana.
Sin embargo, es el aspecto negativo lo que resulta preocupante y que tiene serias repercusiones y efectos nocivos para la viabilidad de una sociedad democrática; me refiero, específicamente, a la inexistencia de una cultura de legalidad. Resulta desalentador, luego de revisar los comentarios que profusamente circularon por el ciberespacio, darse cuenta no solamente del desconocimiento sobre las regulaciones legales, en este caso del reglamento municipal, en el grueso de las opiniones, sino que incluso se justificaba su quebranto con el argumento de que se estaba reprimiendo una manifestación artística, o bien con el reclamo a la autoridad de no actuar con la misma celeridad frente a la actividad claramente delictiva. No faltaron quienes utilizaron el incidente para golpear al gobierno, tergiversando los hechos, como el titular de un diario que afirmaba que Flor Amargo había sido detenida.
De entrada quiero expresar que coincido con Flor en la importancia del arte urbano y su denuncia contra la intervención abusiva de los agentes de la autoridad. Pero lo que hay que puntualizar, en estricto apego a los hechos, es que no contaba con el permiso reglamentario para hacer uso del espacio público. El espacio público es el bien común por excelencia, pertenece a todos los ciudadanos y, precisamente por esta condición, debe estar sometido a una regulación que garantice su uso colectivo y que nadie puede utilizarlo para su beneficio personal.
Concebida por Roy Godson en el 2000, la cultura de legalidad significa que “la cultura, ethos y pensamiento dominantes en una sociedad simpatizan con la observancia de la ley”. Es decir, con el reconocimiento de la importancia que el estado de derecho representa para la estabilidad y paz social. Una cultura que implica la participación conjunta de los ciudadanos y el Estado. Por parte de los ciudadanos, no solamente en la observancia de las normas, sino en la construcción del andamiaje legal. Por parte del Estado, su responsabilidad para generar los mecanismos y protocolos de aplicación de la ley, ajustados a una cultura de legalidad.
El suceso tuvo un desenlace venturoso. Flor Amargo incrementó su visibilidad pública y fue invitada por el gobierno municipal para impulsar el arte urbano. Las redes sociales demostraron su capacidad para contener los excesos de la autoridad. Empero, sigue pendiente la asignatura de fomentar la cultura de la legalidad, como un ingrediente fundamental de nuestra vida cotidiana. Sin la instauración de esta cultura, resulta imposible erradicar la corrupción y la violencia que amenazan nuestra viabilidad como sociedad.
Twitter: @fracegon
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