Decisiones con alevosía 

En su primer año de mandato, el gobernador Enrique Alfaro ha demostrado que no da paso sin huarache en cuanto a definir líneas de gobierno, medir fuerzas o imponerse. Para muestra, dos ejemplos: el Poder Judicial y los transportistas de carga; con ambos fue firme con la única intención de demostrar su liderazgo y evidenciar quién es el que manda en Jalisco. 

Gente cercana al mandatario estatal reconoce que esta firmeza se debe a la intención de controlar las ambiciones y los excesos de estas poderosas organizaciones que siempre se han ido por la libre, y que en el pasado han marcado la agenda, que sólo es la suya. 

En ambos casos se puede demostrar que las reformas legales que se hicieron el año pasado, a petición de parte, en el Congreso local no fueron las mejores ni las más convenientes, y pese a que la oposición señaló las desventajas y los riesgos, fue minimizada y no escuchada. 

En febrero se cumplirá un año con vacantes en el Supremo Tribunal de Justicia. Actualmente faltan siete magistrados, y en febrero se sumará otro, por lo que ya serán ocho de 34 integrantes en el pleno, casi una cuarta parte. Todo porque la reforma judicial tardó en salir por las luchas de poder, y por un reglamento a la Ley Orgánica del Poder Legislativo acotado, donde sólo el centro de evaluación de control de confianza del Poder Judicial sea el que pueda llevar a cabo las evaluaciones a los aspirantes, cuando ni tiene cabeza ni forma porque no ha podido el Congreso local llegar a consensos para nombrar al director y no está certificado para hacer esas evaluaciones. 

Difícilmente quieren reconocer que se equivocaron y eso ha demorado la emisión de la convocatoria desde hace un mes, y en este arranque de año tampoco hay consensos. 

Otra muestra es que desde el Poder Judicial no quieren quejarse o alzar la voz para quejarse por la tardanza en nombrar a los magistrados, que nunca en la historia había durado tanto. Parece que no quieren demostrar debilidad y así llevan el año, como si le tuvieran miedo al mandatario estatal, que ni siquiera pueden señalarle sus equivocaciones y tienen que esperar pacientemente a que se pongan de acuerdo por ellos los poderes Judicial y Legislativo. Aunque también hay que reconocer que el mal nombre se lo han ganado con la falta de transparencia y sus decisiones cuestionables. 

Lo que es cierto es que el gobernador les desactivó la iniciativa de levantar la voz y ahora se conforman con que decidan por ellos; incluso los hace recular, como cuando volvieron a votar para que no presentaran una controversia sobre la reforma judicial que seguramente ganarían. 

Lo mismo pasa con los transportistas de carga, aunque ellos sí levantaron fuertemente la voz y lograron que les quitaran el pago anual de 6 mil pesos por derecho de piso, es decir, por pasar por la Zona Metropolitana de Guadalajara. Todo estaba planeado. 

Se ha dicho que la intención del gobernador sólo era cambiar la relación con este gremio poderoso, que desde tiempo atrás ha dictado sus propias leyes y se las habían respetado hasta ayer; ahora el mensaje que se manda desde el gobierno de Jalisco es que ya hay otras reglas y que tienen que conciliar si quieren lograr algo. 

Es cierto las reglas cambiaron con ambos entes poderosos, y quien lleva el sartén por el mango es el mandatario estatal. El único que se llevó la peor parte en este proceso fue el Poder Legislativo, es decir, los diputados locales, porque quedaron como lacayos, aprobando lo que se dictaba desde el Ejecutivo pues en muy pocas ocasiones hicieron cambios, y hay muchos testimonios de que unos advirtieron los errores, las imprecisiones, las lagunas y no los escucharon. 

En estos dos casos hay asuntos legales que metieron reversa, y públicamente no se quiere reconocer que se equivocaron, sino que simplemente se encontró otra vía. 

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