Clamor social callado 

Hoy es momento de reflexionar en el proyecto de refundación que el actual gobierno estatal ha propuesto a la ciudadanía, a través de la creación de una nueva Constitución para los jaliscienses. 

La Constitución es la ley máxima de la mayoría de las sociedades; establece las reglas en la vida social, económica y cultural, de nuestra vida cotidiana, de nuestra forma de relacionarnos con todos los demás, de la educación, de nuestros trabajos, del medio ambiente y de la forma en que producimos y repartimos la riqueza que creamos. 

No se observa un clamor social que esté demandando una nueva Constitución. Pero lo que sí se percibe son los clamores callados y silenciados por la grave situación actual que se vive en todas las regiones de nuestro estado de Jalisco. 

Nos obliga a reflexionar como sociedad sobre esta refundación; sobre las motivaciones; las finalidades, y el perfil ideal de los ciudadanos y ciudadanas que fungirán como constituyentes. 

La clase política, tanto los integrantes del Poder Judicial, como del Poder Ejecutivo, y del Legislativo se han caracterizado por el alejamiento de la sociedad. 

En la actualidad tenemos una Constitución insuficiente en la defensa de los derechos individuales y que ha permitido el surgimiento de una clase política que ha abusado de los ciudadanos. Se percibe que los políticos son los únicos beneficiados por la actual Constitución. 

Mientras no haya una acción ciudadana inteligente, clara y honesta para cambiar y modificar el sistema político del país con un marco constitucional en el que participe la sociedad, de nada sirve convocar a un nuevo constituyente. 

La actividad democrática se ha reducido a la mera participación del voto en los procesos electorales, y no hay seguimiento a las acciones de quienes ejercen el poder. 

Los jaliscienses estamos sumidos en una profunda crisis de humanidad. En la vida cotidiana, sentimos el peso de la violencia, corrupción e impunidad. El pesimismo nos muerde y las alternativas de solución parecen ausentarse. 

Por eso, la participación de todos los ciudadanos es obligada y necesaria. El perfil de los ciudadanos que integre el congreso constituyente debe tener aspectos muy puntuales, como conocer sobre leyes –no necesariamente ser abogado–, con capacidad de trabajo y estar abierto a nuevas ideas que provean soluciones a la problemática del estado. 

Los constituyentes de 1917 tenían un promedio de 34 años de edad, en un país donde 46 era el promedio general de vida. Un 3 por ciento eran agricultores; periodistas, 4 por ciento; ingenieros y médicos, 9 por ciento; obreros, 4 por ciento; maestros, 7 por ciento. El grueso de los constituyentes eran militares, con 24 por ciento y abogados, con 28. 

El constituyente no debe ser elegido con base en la ideología de derecha o izquierda, o de género, pues este modelo de pensamiento quedó rebasado ante la pluralidad de la sociedad. 

Debe tener un conocimiento sobre las regiones del estado, y poseer capacidad de interlocución, integridad y honestidad, pasión por los derechos humanos, y visión de futuro para abrirse a los problemas que demanda la ciudadanía, con una visión amplia y de conjunto sobre los temas sociales, políticos y culturales. 

La honestidad, autoridad moral y sentido común deben ser factores relevantes para quien llegue a integrar la Constituyente; que conozca sobre derechos humanos y que esté con la acción por ellos, con la visión de ampliarlos a quienes son excluidos, a los pobres, a los migrantes, o en situación de refugio para que tengan viabilidad en el estado de Jalisco. 

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