Derecho a la salud, mandato constitucional

Como muchos otros, el derecho a la salud que consagra el artículo 4 de la Constitución, que a la letra dice que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”, había sido desde siempre letra muerta. Sin embargo, a partir del 1 de enero del año en curso, con la promulgación del decreto de reforma a la Ley General de Salud, el gobierno de la República sienta las bases jurídicas para dar cabal cumplimiento a su obligación constitucional de dotar a las “personas que carezcan de seguridad social, la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados”. 

Con el decreto, Andrés Manuel López Obrador daba cumplimiento a otra de sus promesas de campaña. En enero de 2018, al referirse al tema de la salud, afirmaba que “seguirá habiendo atención médica y medicamentos gratuitos, pero se va a terminar con esa demagogia llamada Seguro Popular, que ni es seguro ni es popular”. 

Ya en la Presidencia, a los 15 días de haber asumido el cargo, en una conferencia mañanera, el presidente firmaba el acuerdo para la creación de un Sistema Universal de Salud, al que se integrarían los sistemas estatales y daría atención prioritaria a la población que no estuviera adscrita a las instituciones de seguridad social. Dicho acuerdo recibió el respaldo de ocho gobernadores. 

En abril, el presidente anunció la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y meses después, el 21 de octubre, en otra conferencia mañanera, se formalizó su constitución y se designó a Juan Ferrer como su director. Con ello quedaba marcada la extinción del Seguro Popular. Empero, el proceso no ha sido para nada terso. Desde su propuesta de campaña, la decisión de AMLO de desaparecer el Seguro Popular ha enfrentado el cuestionamiento de diversos actores. Desde Antonio Meade, que en plena campaña electoral prometía reforzarlo, hasta Julio Frenk, su creador, que en una entrevista reciente calificó de retroceso la decisión gubernamental. 

Sin embargo, los datos duros demuestran que sus beneficios eran harto limitados. De entrada, no era universal; de acuerdo con el Coneval, en 2018 más de 20 millones de mexicanos no contaban con ningún esquema de seguridad social. Tampoco era gratuito en general, ya que de acuerdo con un estudio socioeconómico se determinaba, para quienes no alcanzaban la gratuidad, una aportación que iba de los 2 mil a más de 11 mil pesos. 

Pero el principal problema asociado al Seguro Popular fue que el mecanismo de transferencia de recursos, del Estado a los empresarios privados que proveían los servicios, se convirtió en una fuente de corrupción. Ya en 2006, su primer director, Juan Antonio Fernández Ortiz, fue inhabilitado por 10 años, acusado de abuso de poder y desvío de recursos públicos del Seguro Popular, por un monto de 368 millones de pesos. Actualmente, la Secretaría de la Función Pública realiza una investigación de 2007 a 2016, sobre un posible desfalco que alcanza los 7 mil 800 millones de pesos. 

En contraste con la algarabía de la comentocracia y la embestida de la mediocracia, que se han dedicado a exagerar los efectos que ha provocado esta transición, 23 gobernadores accedieron adherirse al Insabi y establecer un acuerdo de coordinación con el gobierno federal. Nueve gobernadores, entre ellos el de Jalisco, han quedado al margen del sistema federal, pero no han quedado exentos de acatar e implementar en sus estados el derecho universal a la salud y su gratuidad. 

Twitter: @fracegon 

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