Agua: ¿derecho o mercancía? 

Hace unas semanas, en este mismo espacio hice referencia a un trabajo periodístico sobre los grandes acaparadores del agua en México, en el que se da cuenta de graves casos de despojo a comunidades en favor de grandes intereses económicos o políticos. Lo que no comenté es que en el fondo la discusión en torno a la gestión del agua potable gira alrededor de dos posturas: como derecho o como mercancía. 

El agua puede gestionarse como una mercancía dado que cumple algunos de los criterios de la economía neoclásica: es un bien altamente deseado que no tiene un sustituto, y además se ha ido haciendo relativamente escaso, por lo tanto, es muy valioso, motivo por el cual mucha gente estará dispuesta a lo que sea por obtenerla, de manera que ofrece una muy buena oportunidad de negocio a quien pueda tener control casi monopólico sobre su obtención y distribución. 

Los economistas neoclásicos dirán que comercializar el agua es la mejor manera de asegurar su distribución de manera óptima, dado que quien más agua quiera o requiera, tendrá que pagar más, y quien no esté dispuesto a pagar más, se limitará en su consumo. Además, comercializarla, dejando que su precio se determine a partir del juego de la oferta y la demanda, evitará el desperdicio, puesto que pocas personas se darían el lujo de tirar algo que les resultó tan costoso conseguir, a diferencia de lo que ocurriría si su precio fuera relativamente bajo. 

Sin embargo, la lógica de los neoclásicos tiene varias fallas: por un lado, suponen que todas las personas tenemos más o menos la misma posibilidad de acceder al agua, y por lo tanto disponemos de los suficientes recursos para obtener la que deseamos, lo cual no es cierto; por otro lado, no se toma en cuenta que el agua puede tener varios usos, y entre ellos hay varios que están directamente relacionados con la supervivencia de las personas, mientras que otros van directamente dirigidos a la obtención de beneficios económicos derivados de su uso o comercialización. 

En ese sentido resulta necesario distinguir para qué se utilizará el agua a la que se tenga acceso, como plantean quienes demandan que su manejo se derive del reconocimiento de que acceder a agua potable y al saneamiento es un derecho humano, y que, por lo tanto, no puede estar sometido a la lógica del mercado. 

Es decir, resulta inhumano despojar a una comunidad del agua que requiere para beber, preparar sus alimentos y llevar a cabo sus necesidades de aseo, e incluso cultivar los alimentos que consume, argumentando que hay una empresa que está dispuesta a pagar el agua a un precio más alto que el que paga esa comunidad en particular: pero ese puede ser el resultado de dejar que sea el mercado el que determine quién tendrá acceso prioritario al agua. Y eso sin tomar en cuenta posibles actos de corrupción en la toma de decisiones en cuanto a la gestión del agua. 

La disputa por definir quién se beneficiará más del agua ha llevado a varios intentos de privatizar su acceso y distribución, aunque afortunadamente esos intentos han fracasado gracias a la presión de varias organizaciones sociales que han estado trabajando desde 2012 en la elaboración de una ley que haga efectivo lo que establece el artículo 4 de nuestra Constitución federal, que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”, y acaban de presentar una iniciativa ciudadana de ley general de aguas, la cual puede consultarse en la siguiente dirección; https://bit.ly/2OwJzLT. Vale la pena apoyarla. Es nuestro derecho. 

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