Sin reconocer errores

A los políticos, de todos los niveles y de todos los colores, les cuesta trabajo reconocer cuando se equivocan, y la mayoría de las veces no lo hacen de manera directa; siempre buscan la manera de componerle para que no se note. 

Muchas veces se piensa que admitir equivocaciones es reconocer debilidades, y por eso prefieren no hacerlo, señalar otros factores o echarle la culpa a alguien más. 

En el Congreso local están trabados en el tema de nombramientos de magistrados desde el año pasado, y aún siguen sin querer admitir que tuvieron errores en la reciente reforma judicial. 

Se equivocaron en innovar en que a los aspirantes a magistrados se les apliquen los exámenes de control de confianza, cuando no hay quiénes lo hagan, y como si este instrumento garantizara que serán rectos en su actuar. 

Además de pedir que presenten exámenes de conocimientos y prácticos, le agregaron el examen de control de confianza cuando éste ni siquiera existe a nivel nacional. 

Aquí no estamos criticando si pedirlo está bien o mal, sino que no previeron o no quisieron escuchar las complicaciones y las trabas que esto ocasionaría y la tardanza. 

En primera, no existe un examen diseñado para este tipo de evaluación, porque los que se conocen sólo son para policías, y los reactivos no son los mismos, ni siquiera se parecen; tampoco hay una instancia reconocida para hacerlo, tienen que crearla. 

Pero el problema es que apostaron a que este tipo de evaluación se haga únicamente en el centro de evaluación de control de confianza del Poder Judicial, el cual apenas debe integrarse, y ni siquiera los diputados locales pudieron ponerse de acuerdo en el nombre del titular, después de que el Poder Judicial les envió una terna. 

Y aunque lo hubieran nombrado, el director del centro debe certificarse y eso también lleva su tiempo, y si los aspirantes a magistrados hubieran querido someterse a esta evaluación no habría un órgano funcionando en el Poder Judicial para recibirlos. 

La reforma con estas directrices se hizo el año pasado y todavía no se quiere reconocer la necesidad de un cambio para poder sacar las convocatorias a magistrados, cuando el pleno del Supremo Tribunal de Justicia ya tiene ocho sillas vacantes de 34. 

Los magistrados del Poder Judicial ni siquiera quieren levantar la voz o hacer pronunciamientos, porque saben que tendrían consecuencias en señalarle a los diputados sus errores, sobre todo cuando deberían voltear a mirarse ellos mismos en su actuar. 

En estos momentos se está buscando la manera de salir del embrollo sin que se note o tengan que recular en una reforma que ya habían hecho; sin embargo, no sería la primera vez, ya lo hicieron con los motociclistas y los transportistas. En este caso quieren mostrar su poder frente al Judicial; aquí no quieren dar el brazo a torcer cuando ni manifestaciones hay como en los otros casos. 

Lo que sí hay que reconocer es la intención de poner controles y candados a un poder que se ha caracterizado por ser oscuro en sus acciones, y que siempre ha sido el botín político de los partidos políticos en turno. 

Ahora tan siquiera el camino para ser magistrado será más largo y con mayores controles, y llegarán los que hayan garantizado un mínimo de conocimientos y no sólo por el compadrazgo político. 

El único tropiezo fue aferrarse a los exámenes de control de confianza para aspirantes en un centro que no existe y que crearlo es muy complejo. Tendremos que contar los días para saber cuánto tiempo les llevará reconocer que se equivocaron en este punto de la reforma integral al Poder Judicial. Un prietito en el arroz les está echando a perder la gran innovación. 

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