Del río Santiago, la CEDHJ y la CIDH

El grave problema de la contaminación del río Santiago en El Salto y Juanacatlán ha tenido históricamente nulas respuestas gubernamentales efectivas, combinadas con simulaciones y ocultamiento de información. Cuando han actuado a nivel federal, estatal o municipal, las medidas han sido mínimas, insuficientes o sin estándares aceptables de calidad. Permeó el desdén a investigaciones y llamados de alerta sobre la catástrofe ambiental, que provinieron tanto de instituciones académicas, organismos ambientales y asociaciones de vecinos que no dependen de las autoridades, como de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ). 

El énfasis de lo escasamente hecho por las autoridades se puso en lo tecnológico; básicamente en construir plantas de tratamiento de aguas residuales en la cuenca del río Santiago. Incrementaron su número, se lee en los informes anuales de los gobiernos de Emilio González Márquez y Aristóteles Sandoval. Pero conforme las instalaron, resultaban insuficientes, quedaban fuera descargas municipales e industriales, carecían de adecuado mantenimiento, dejaban de operar una y otra vez, además de que no detenían tóxicos altamente dañinos para la población. Mientras, la contaminación continuaba causando estragos en la salud de las comunidades aledañas al río Santiago. 

Detrás se advierte la pésima planeación. Con González Márquez se menciona en los informes anuales de gobierno la elaboración de proyectos ejecutivos de mejoramiento de un tramo del río Santiago y de rescate del Parque Ecológico de El Salto y Juanacatlán, sin dar mayores detalles ni seguimiento. Sandoval Díaz, en su primer informe, en 2014, da cuenta de la instalación de una mesa para cumplir criterios ambientales del POFA (polígono de fragilidad ambiental), con influencia en la zona de la cuenca del Ahogado. 

Con ello se buscaba “dar certeza jurídica a la acción coordinada interinstitucional en materia ambiental para el saneamiento del río Santiago”, y promover la coordinación para cumplir la recomendación de 2009 de la CEDHJ. Pese a los discursos, se exacerbó la tragedia. Pasó más de una década y escasamente se cumplió la recomendación. El gobierno federal continuó complaciente con las empresas contaminantes del río. 

En los dos sexenios anteriores desapareció el factor humano. Los vecinos de Juanacatlán y El Salto quedaron reducidos a números. Son la “población beneficiada” por supuestas obras, con datos difíciles de verificar o magnificados. Las graves enfermedades, las penalidades como vecinos de aguas pútridas, espumosas, mal olientes, con fauna y maleza riesgosa, no aparecen en los informes anuales. Las personas están invisibilizadas. 

El gobernador Enrique Alfaro estuvo el primer día de su administración en el río Santiago, indagó la problemática ambiental, se comprometió a sanear la cuenca y anunció un plan integral de gobernanza para rescatarla. Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la semana pasada medidas cautelares a favor de los pobladores de las zonas hasta 5 kilómetros del río en Juanacatlán y El Salto, y de cuatro localidades en Poncitlán en situación “de gravedad y urgencia”, con sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentando “un riesgo de daño irreparable”. El organismo cuestiona además los servicios de salud ofrecidos o por ofrecer. Las respuestas del Estado mexicano no convencieron a la CIDH. 

Con tono descalificador, Alfaro sostuvo que no necesita ninguna recomendación de la CEDHJ sobre el río Santiago. Le desagradan los contrapesos. Menospreció al organismo estatal. Ahora, con el gobierno federal, qué ironía, deberá acatar, responder e informar periódicamente a un organismo internacional. 

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