Mismo problema, igual desatención

La necesidad de reconocimiento por parte del gobierno del estado no es problema de los ciudadanos que han visto trastocadas sus vidas por los proyectos hidráulicos y por la contaminación del agua. Como dice el mismo gobernador, bastan dos dedos de frente para entenderlo. 

El problema no surgió en el actual gobierno, eso todos lo sabemos y no dudamos de la intención de aportar a la solución con el plan que presentaron de inversión. Sin embargo, sí lo es que sigan sin escuchar a quienes tienen décadas viviendo una pesadilla por las consecuencias de la contaminación. 

La visión de las autoridades se evidenció con las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, sobre la posible ampliación de la recomendación que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), así como con el diseño del recorrido que hicieron a la cuenca del río Santiago, sin visitar a las comunidades que han resultado afectadas por esa contaminación y, por lo tanto, negándose a la posibilidad de escuchar qué es lo que necesitan. 

No es la primera vez que el gobernador sostiene que fue electo para tomar las decisiones por los jaliscienses. Esta postura se agrava con la incapacidad de algunos de sus colaboradores o incluso la falta de actuación. 

Los problemas por la contaminación son los mismos desde hace décadas y las soluciones planteadas por las autoridades se parecen a las que no han servido. Es cierto, el gobernador Enrique Alfaro lo marcó como un tema prioritario desde el comienzo de su gobierno, pero mientras no sume a todos los actores difícilmente habrá una salida integral. 

El principal reclamo de los habitantes de comunidades de la cuenca tiene que ver con la contaminación por descargas industriales. Aquí está la principal discrepancia con el gobierno del estado, que apuesta por la construcción de plantas de tratamiento de aguas urbanas. Esto significa, aseguran los expertos, que los metales pesados y metaloides no serán eliminados. Es decir, el principal daño persiste. 

El actual gobierno tampoco ha querido admitir la gravedad del problema. En días pasados el periodista José Carlos Toral consiguió vía transparencia los resultados de un estudio que se elaboró hace 10 años con más de 300 niños de poblaciones aledañas al río Santiago, en cuya sangre y orina se encontraron metales pesados y metaloides. 

El gobierno del estado se ha negado a aceptar los vínculos que ese estudio tiene con la contaminación del río, pues no se hizo sobre la calidad del agua. Sin embargo, la responsable del estudio por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Gabriela Domínguez, confirmó que la investigación se hizo a petición de la Comisión Estatal del Agua, ante la sospecha del daño por la contaminación del río, cuando se planeaba construir la presa de Arcediano. Con ese proyecto, que por cierto no ha sido descartado, se pretendía traer agua del río Santiago a la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

La decisión del ex titular de la CEA, César Coll Carabias, y de la Secretaría de Salud, que estaba encabezada por Alfonso Petersen (aunque él ha negado conocer el estudio) de ocultar los resultados, no es responsabilidad de las actuales autoridades. Tampoco lo es que a lo largo de esos 10 años, tanto en el gobierno de Emilio González como en el del priista Jorge Aristóteles Sandoval, se hayan negado a entregarlo. Pero sí lo es no actuar en consecuencia. 

La respuesta que darán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las medidas cautelares que dictó por la contaminación en el río Santiago será una prueba importante. Sabremos si es una prioridad de verdad o sólo simularán, como lo hicieron los anteriores gobiernos. 

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