Quinto Patio

Durante la reinstalación (subrayamos lo de re porque existe desde 2014 y tenía rato sin reunirse) del pleno del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público, el gobernador Enrique Alfaro no escuchó otra queja más que las personas siguen muriendo a causa de accidentes con el transporte urbano. Sin embargo, en orden de prioridad, la atención a víctimas es el número cinco, hasta el final. Ahora que, a manera de hipótesis vecinal, se debe a que, ya sabemos, al mandatario estatal no le gustan las recomendaciones (¿leerán esto en la CEDHJ?). Es decir, esto se puede inferir de que únicamente tomó cinco de las 15 recomendaciones que emitió el observatorio en 2019. ¿Aunque sean recomendaciones les hará caso en este año?

La que ya dijo que sí, bueno no lo dijo así, como respuesta, es Patricia Martínez, titular de la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio, al informar en redes que trabajaron con el pleno desde el inicio de la administración para darle seguimiento al Modelo Integrado de Movilidad. El compromiso es que en abril estarán operando todas las rutas con pago electrónico y a finales de ese mes se instalarán 700 puntos extra para la recarga de tarjetas. La agenda de la seguridad vial “va en serio”, aseguró, y que el 28 de febrero se continuará el diálogo con el observatorio para tocar el tema, añadió. Ya informaremos.

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Añadamos que el secretario de Transporte de Jalisco, Diego Monraz, echó culpas a todo mundo, menos a la dependencia, obvio, por la muerte de personas en accidentes de transporte público. Que las obras en la ciudad y la falta de difusión, eso sí, no de la Setran, sino de la Policía Vial, que dijo, no está haciendo su chamba de socializar los cierres viales. ¿Coscorrón a la Secretaría de Seguridad, de la cual depende la Policía Vial?

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No es que quieran que ocurra, peeeeero los activistas que han presentado la solicitud de un plebiscito en San Pedro Tlaquepaque tienen previsto exigir medios de apremio en caso de que el Consejo Municipal de Participación Ciudadana y el ayuntamiento se rehúsen a convocar a ese ejercicio de consulta. O sea que, en otras palabras, dicen que incluso funcionarios municipales o la misma alcaldesa podrían ser sancionados con un arresto de hasta 36 horas, aunque antes se les podría imponer primero una amonestación y una multa por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.

Dándole el beneficio de la duda a María Elena Nena Limón García, Gustavo de la Torre –representante de la asociación Vecinos Solidarios de Tlaquepaque– consideró que la alcaldesa posiblemente había dado una información equivocada por error al declarar que ya les habían negado los amparos. Lo bueno es que todo es de buena fe.

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Los diputados locales se quejan de que otras Legislaturas tenían más privilegios y que sólo se fijan en ellos, pero los actuales no cantan mal las rancheras. Acordaron poder engordar la nómina o aumentar el salario a los que ya tienen, y sin requisitos o perfiles a cumplir, sino simplemente con su voluntad. ¿Qué tal?

Ellos mismos ponen el salario que quieren pagarles y hasta los incluirán en la nómina sin quizás haber trabajado febrero, porque apenas el día 12 autorizaron este aumento de personal y hasta ayer ni habían pasado nombres, así que cómo demuestran que estuvieron laborando. Y así se quejan de que no tienen privilegios, porque supuestamente ellos no manejan el dinero directamente; ¡claro! ¡Sólo eso faltaba! Miren, no han regresado las casas de enlace, sí, las criticadas y entonces bien subsidiadas con recursos públicos casas de enlace; pero sí el apoyo territorial. Subrayémoslo.

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