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Lucha por los derechos y zona de oportunidad

En 1995 se generaba la Declaración y Plataforma de Pekín, que buscaba establecerse como una agenda con visión de futuro para el empoderamiento de las mujeres. Se trataba de un documento suscrito por Ban Ki-moon, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de ese momento. 

Han transcurrido 25 años desde que los gobiernos suscritos a la ONU, México entre ellos, se comprometieron con el apoyo sustancial de las premisas contenidas en esta declaratoria. Los gobiernos se obligaron con el desarrollo de estrategias públicas y gubernamentales para promover un desarrollo de equidad y de incorporación a zonas a las que las mujeres, históricamente, no habían tenido acceso. 

Es importante recordar que este documento señala que tiene como propósito “defender los derechos y la dignidad humana intrínseca de las mujeres y los hombres, así como de los demás propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, en particular, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño, así como la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo” (1995). 

Querer ubicar actores y actrices específicos respecto de la deslegitimación con la que gubernamentalmente se ha querido observar un reclamo social justificado es pasar por alto las convenciones que nuestro país tiene con el compromiso de sostener esquemas dignos, de ennoblecimiento y de equidad desde hace un cuarto de siglo. 

En las dos semanas anteriores, el vuelco informativo sobre asuntos que propiciaron una gran indignación social se constituyó como un escenario de exceso de cápsulas informativas y de opiniones sobre los dos feminicidios que impactaron a la sociedad, en este momento independientemente de años de perpetración de estos, la profusión comunicativa generó más bien el efecto contrario, el de la desinformación. 

La aparición de un número indeterminado de opiniones y la confusión establecida entre información y opinión opacaron el elemento central del reclamo: los derechos humanos de la mujer y de los niños en un entorno complejo y agresivo como el que prevalece en zonas muy extensas de nuestro país. 

La visibilización del tema requirió que la sociedad civil subiese este reclamo como una expresión ciudadana de una preocupación que pone énfasis en un precepto constitucional fundamental, contenido en el artículo 1 de la Constitución de nuestro país. El Estado está obligado a preservar los derechos humanos de sus habitantes, de preservarlos y protegerlos. De igual forma, señala en el artículo 4 que “el varón y la mujer son iguales ante la ley. (…) Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”. 

La sociedad expresa de manera legítima sus preocupaciones y bajo esa perspectiva no se trata de una prerrogativa que discrecionalmente otorgue el Estado, sino de un requerimiento ciudadano respecto de las obligaciones del Estado respecto de la sociedad. El reclamo de la equidad de género no constituye, de ninguna manera, un proyecto de carácter proselitista o electoral de algún grupo, sino la expresión sentida de una ciudadanía que exige al gobierno, no a un partido político, lineamientos más precisos y claros en la conducción de sus políticas de seguridad. 

El país se ha colocado en una situación en la que en este momento se requiere de una interlocución sensata y seria, de instituciones de gobierno con una ciudadanía que reclama acción e información. Partidizar o ideologizar este fenómeno generaría una mala señal respecto de la representatividad que el gobierno debe asegurar. Una vez más, se gobierna para el 100 por ciento, no para el 50. 

armando.zacarias@csh.udg.mx

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