El estigma de la corrupción 

Abuso del poder para beneficio propio es como define la Secretaría de la Función Pública (SFP) a la corrupción. Después de la inseguridad, con 53.3 por ciento, la corrupción es el problema que más preocupa a los mexicanos, con 16.6. Aunque predomina la percepción de que hay más corrupción en el gobierno (67) que en el sector privado o entre los ciudadanos. 

Ya sé que le vinieron a la cabeza un montón de nombres tanto de funcionarios municipales como del estado o del gobierno federal, y a lo mejor la propia imagen tratando de aceitar o agilizar algún trámite. Con todo, falta diferenciar estas prácticas, pues hasta en eso hay niveles. 

La corrupción a gran escala consiste en actos cometidos en los niveles más “altos de gobierno que involucran la distorsión de las políticas públicas o de funciones centrales del Estado, que permiten a los líderes beneficiarse a expensas del bien común” (SFP 09/12/2013). De los más nombrados recientemente están el apellido Lozoya Austin, ligado a Pemex, o García Luna, asociado a la Procuraduría. Ponga cuidado, pues no ha sido el gobierno de México quien ha detenido y tiene en resguardo a estos angelitos, sino gobiernos de otros países. 

Se consideran actos de corrupción menores al “abuso cotidiano del poder por parte de funcionarios públicos, de bajo o mediano rango, al interactuar con funcionarios comunes al tratar de acceder a bienes y servicios básicos”; dicho en una frase, sería aprovechar las influencias. 

La corrupción política consiste en la “manipulación de políticas, instituciones y normas de procedimiento en la asignación de recursos y financiamiento por parte de los responsables de las decisiones políticas, quienes abusan de su posición para conservar su poder, estatus o patrimonio”. El Bajío, el escándalo y pleitos desatados por el programa A Toda Máquina tienen rasgo de no licitaciones o criterios amañados para asignar obras o contratar a empresas, que estaba más que cantado que serían las beneficiadas, por cercanía, afinidad, amiguismo con los funcionarios locales, gobernantes en turno, etcétera. 

En todas estas modalidades se requiere la complicidad de los empresarios o ciudadanos que serían los más beneficiados y, ante todo, la complicidad pasiva de quienes nos damos cuenta de que las cosas se hacen de forma inadecuada, pero por experiencia o por desidia, decidimos no denunciar o al menos señalar, ¿qué soborno? 

Con la claridad que aporta la SFP, puede escoger usted alguna clasificación y llenar un casillero imaginario con los nombres, fotos o representaciones de los políticos, empresarios o ciudadanos que considere usted que caen en un tipo específico de corrupción. En una segunda vuelta, podría ubicar a empresarios cómplices de uno, varios o de todo tipo de corruptos y al final piense qué tanto usted, sus conocidos, amigos, colegas o vecinos han sido cómplices involuntarios en esos actos. 

Eso hace ver con claridad lo que ya sabemos: que la corrupción y la impunidad caminan de la mano. En el último año, de cada 100 actos de corrupción se denuncian 23 y sólo uno tiene consecuencias. (Nexos, junio de 2019). Ante este difícil panorama, ¿qué podemos hacer? 

Las mejores prácticas en diversos países concluyen que se debe de proponer una política integral de combate a la corrupción, que sólo mostrará su eficacia en un marco de respeto a la ley. Denuncia, pide cuentas, exige que los puestos de servicio o función pública sean ocupados por personas competentes. 

La SFP recomienda investigar y denunciar “comportamientos corruptos” de funcionarios y poner en marcha mecanismos efectivos que los sancionen. ¡No más amigos, compadres o funcionarios incompetentes a cargo de las instituciones públicas o privadas! En el mediano plazo es necesario formar a la ciudadanía y al sector público sobre la corrupción y sus efectos. 

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