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Policías al límite 

A la par de desarmar a una comisaría de la que se sospecha hay infiltración por parte del crimen organizado, además de capacitación y evaluación a sus policías, es imprescindible transformar sus condiciones de trabajo para impedir que vuelvan a quedar vulnerables ante los embates de la corrupción. 

La guerra de declaraciones entre el alcalde de San Juan de los Lagos, Jesús Medina Bañuelos, y el coordinador de la Coordinación General Estratégica de Seguridad, Macedonio Tamez Guajardo, no lleva a una certeza. 

Las acusaciones del funcionario estatal han sido dudosas al plantear la justificación para intervenir por parte del gobierno del estado y del gobierno federal aquella corporación municipal. 

La misma insinuación de que el comisario podía tener asuntos turbios que lo llevaran a eludir a las autoridades ha tenido un revés, luego de que el alcalde confirmó que tanto el jefe policial como su segundo al mando ya se habían presentado para responder respecto a las sospechas difundidas. 

Lo primero que se debe entender es que los policías son personas y tienen necesidades multidimensionales, más allá de su responsabilidad como servidores públicos. Al ser trasladados a Guadalajara estarán lejos de sus familias durante todo un mes, aunque se les ha concedido volver cada fin de semana. 

No son unas vacaciones. No es algo que ellos hubieran previsto o deseado. Incluso siendo policías que tuvieran las adecuadas calificaciones y una situación regular como funcionarios públicos, han sido trasladados de manera obligatoria a una academia policial que está a cerca de dos horas de su ciudad, donde están bajo sospecha general de formar parte de actividades criminales sin que se haya exhibido públicamente evidencia específica. 

La red de videovigilancia desinstalada por la Secretaría de Seguridad del estado sí es muestra de un control ejercido desde grupos criminales sobre las fuerzas de seguridad pública de una ciudad importante en la región Altos Norte, pero ello no implica que todos los policías estuvieran involucrados o incluso enterados de ello. 

Tamez Guajardo estableció que la información de inteligencia recabada por policías estatales respecto a convoyes de gente armada transitando libremente por San Juan de los Lagos sería presentada a autoridades ministeriales, pero ello debió realizarse de manera previa a la intervención, coordinando ese trabajo con agentes investigadores para llegar desde un inicio con carpetas de investigación y posiblemente órdenes de aprehensión. 

Poco han servido las anteriores intervenciones del gobierno del estado durante la administración de Aristóteles Sandoval. La percepción de la gente sigue siendo que hay colusión entre los agentes municipales y, al menos, personas dedicadas a la venta de droga. De ahí para arriba. 

Por otra parte, las condiciones no sólo laborales, sino de seguridad para los policías, son deficientes y eso es un aspecto fundamental a considerar en los trabajos de las instancias estatales y municipales en la transformación de la policía de esa ciudad. 

La homologación salarial en el Área Metropolitana de Guadalajara ha sido un primer paso muy difícil para favorecer los derechos de los policías y para la conformación de la Policía Metropolitana, pero en el resto del estado los sueldos son precarios. Y la Metropolitana sigue sin notarse. 

Los policías están en riesgo cada momento, definitivamente viviendo al límite. Y la base económica debe ser sólida en sus vidas. En un entorno donde incluso estando fuera de servicio sus vidas y su integridad están en riesgo, la protección de sus derechos debería ser un primer aspecto indispensable en las políticas públicas. 

Twitter: @levario_j 

jl/I