Visibilidad de 2 problemas: salud y seguridad 

La visibilización de las emergencias nacionales que representan dos temas, por un lado, el asunto de salud, que tiene efectos en diversos ámbitos hacia la población y, por otra parte, el incremento de violencia hacia las mujeres, que tiene lugar en diversas formas y con resultados catastróficos como un incremento de feminicidios, desapariciones, violencias diversas dirigidas hacia las mujeres, han generado, desde la perspectiva de la sociedad civil, la necesidad de una expresión clara que propicie una discusión de mayor energía y de efectos importantes en dos espacios sustanciales: por una parte, la propia sociedad civil y, por otra, la implicación decidida de las políticas gubernamentales destinadas a atender estos problemas. 

El tema de salud que se desató desde el año pasado, en los primeros meses de las nuevas administraciones, acusaba un descontrol en la provisión de medicamentos, particularmente en áreas de gran sensibilidad, como lo fueron los casos de desabasto de medicamentos para atender los padecimientos de cáncer. El año pasado y éste, sin la presencia del secretario de Salud abordando las críticas y generando posibles soluciones, más argumentativas que con suministros médicos, el subsecretario del ramo ha emprendido una zona de atención a las quejas que se incrementaron de forma considerable, con las medidas improvisadas, al inicio de este año, del lanzamiento del Insabi, sustituyendo al Seguro Popular sin un plan de organización que se sigue padeciendo hasta estos días. La alerta del Covid-19 no ha mejorado las cosas; sin embargo, sí se ha mejorado la calidad de presentación en las conferencias de prensa del subsecretario. 

El caso de la convocatoria de paro del 9 de marzo, plantea un escenario que en algunos ciclos de avance de la sociedad civil en el establecimiento de sus reivindicaciones frente al Estado, requiere la fuerza simbólica de reafirmación de la legitimidad de sus demandas. Históricamente, el Estado ha generado respuestas de muy diversa naturaleza, donde queda la evidencia de un reclamo de la población hacia el gobierno y no de un segmento de la población hacia una expresión política del gobierno. 

El paro del 9 de marzo ha suscitado respuestas muy diversas. Se trata de un movimiento civil, de una población con una necesidad importante de respuestas respecto de las políticas que aseguren el derecho a una vida plena, como lo marca la Constitución de nuestro país, y la definición de las medidas y políticas que se consideren para lograr esos fines. 

Más de 15 dependencias federales han manifestado su apoyo al paro; destacan, entre ellas: las secretarías de Gobernación (Segob), de Relaciones Exteriores y de Economía; el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y los institutos nacionales de las Mujeres (Inmujeres) y Electoral (INE). 

Por parte del sector privado existe una expresión de solidaridad con el paro de muy amplios sectores. De igual forma, universidades de todo el país han manifestado su apoyo. 

La Presidencia de la República y la Secretaría de la Función Pública, por su parte, expresan que hay mano negra y que se trata de un movimiento ideológico conservador. La confusión entre el papel del Estado y el proselitismo político partidario no han logrado separarse en un tema que implica una discusión y análisis nacional de amplio espectro y la reivindicación presente no se trata de un tema de partidos, sino de la gobernanza que el Estado debe asegurar. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ofrecerá un día franco, lo mismo que la Secretaría de la Marina (Semar). 

Comprender el sentido de la ubicación de políticas públicas implica una posición más clara de un ejercicio de gobierno. 

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