La serpiente de la corrupción

Ninguna persona sensata y medianamente informada pensaría que la corrupción se puede resolver de golpe y porrazo. Basta con ver la historia de las campañas por la Presidencia en nuestro país: en el siglo 19, Porfirio Díaz se postuló en contra de Benito Juárez acusándolo de corrupción. 

La corrupción como fenómeno social y político ha estado presente en toda nuestra historia, pese a que también ha habido buenos ejemplos de integridad, pero que no se tradujeron en propuestas concretas de cambio y rediseño institucional, tal vez porque en el fondo seguimos prefiriendo el caudillismo; es decir, que un líder al que consideramos clarividente nos diga cuál es el mejor camino, para recorrerlo detrás de él, liberándonos de la carga de decidir por nuestra cuenta, y tener a quien culpar si algo sale mal. 

Apenas en este siglo 21 en México nos atrevimos a reconocer que no basta con que haya personas honestas tomando decisiones para que todo funcione bien, sino que es necesario contar con mecanismos institucionalizados que favorezcan la labor de quienes quieren hacer las cosas de modo íntegro, y que entorpezcan a quienes quieren hacer trampa. Así nacieron los sistemas nacional y estatales anticorrupción. 

Podemos discutir si el diseño de nuestros sistemas anticorrupción es el óptimo o no, y si les permitirá dar resultados en unos cuantos años más, pero me parece que el principal aporte que se hizo fue la creación de mecanismos apartidistas para la designación de quienes formarán parte de las instancias ciudadanas de los citados sistemas, una muy buena práctica que fue retomada en el caso de Jalisco, al otorgarle al Comité de Participación Social (CPS) el encargo de evaluar los perfiles de quienes aspiran a recibir la designación para ejercer un cargo público. 

Ese encargo es mayúsculo, dado que la mejor manera de controlar el comportamiento de una institución es intervenir en la designación de quien la encabezará. Por eso me pareció tan relevante el hecho de que en su participación para la asignación de las magistraturas de la Sala Superior Anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa el CPS haya recurrido a buenas prácticas, como lo es la utilización de casos prácticos para evaluar los conocimientos de quienes aspiraban a ese cargo, pues eso le permitió a la ciudadanía distinguir claramente quiénes podrían ser magistrados aptos, porque sabían de la materia y quiénes no, independientemente de quién respaldara su candidatura, lo que nos da elementos para saber qué criterios utilizan los liderazgos partidistas en el Congreso para designar su interés, o el de la población en general. 

Ese mecanismo resulta fundamental, especialmente porque se ha denunciado públicamente que en Jalisco las magistraturas se venden hasta en 10 millones de pesos, según lo expuso hace dos años José Luis Tello Ramírez, presidente del Consejo de Colegios de Abogados. ¿Se imagina usted la calidad del trabajo de alguien que compró un puesto? ¿Y en cuántos actos de corrupción incurriría con tal de recuperar su “inversión”? 

Pero suponiendo que esa denuncia fuera falsa, la ineptitud también engendra corrupción, así que considero que es fundamental que ejercicios como los que ha realizado el CPS se institucionalicen y formen parte de la ley, como se planteó en las mesas para la Reforma 2.0 del Sistema Anticorrupción del Estado, trabajo que por cierto no sabemos cuándo se retomará. 

Finalmente, y viendo a tantos personajes políticos criticando al CPS me pregunto si no será que le pisó la cola a la serpiente de la corrupción, y ahora la serpiente está intentando morderlo. 

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