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Elusión de claridad estadística 

Las estadísticas oficiales de incidencia delictiva en Jalisco son un lío, por decirlo de manera amable. La continuidad histórica que tenían desde 1997 los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) a partir de los datos reportados por el estado se perdió cuando el fiscal y el gobernador anunciaron, a principios de 2019, que había maquillaje de cifras de la administración gubernamental anterior. 

Para validar los números actuales, el gobierno ha recurrido a la academia y a la sociedad civil, compartiendo con ellas la atribución de dar seguimiento mensual a las cifras, impidiendo con ello que sus datos puedan ser puestos en duda. 

El problema es que no sabemos dónde estamos parados con respecto a la historia de los sexenios anteriores, ni siquiera del previo. 

Con respecto a distintos delitos hemos tenido fluctuaciones preocupantes en algunos casos y en otros se ha establecido una tendencia a la baja o un incremento consistente. Pero todo ello podría ser incorrecto. 

Los datos disponibles indican que de 1997 a 1998 hubo una disminución importante en la incidencia delictiva. Después hubo un incremento gradual hasta 2002 con 96 mil delitos, tras lo cual las investigaciones volvieron a decrecer hasta 2005, en su punto más bajo con menos de 70 mil averiguaciones previas, niveles que se mantuvieron más o menos hasta 2009 y después vino un constante incremento hasta 2013, cuando se superó la barrera de los 100 mil crímenes. 

Ahí comienza el sexenio en duda. Los siguientes dos años hubo entre 91 mil y 95 mil ilícitos. A mediados de 2019, las cifras que existían de incidencia delictiva reportadas por la entonces Fiscalía General del Estado al SESNSP tuvieron una modificación que les aumentó casi una tercera parte después de la revisión de la ahora Fiscalía Estatal. 

Los datos reportados establecían un pico de 166 mil 599 delitos en 2017, pero el punto de inflexión fue junio de 2016, momento en que inició de manera plena en todo el estado a aplicarse el sistema de justicia penal acusatorio en sustitución del anterior inquisitorio mixto. Muchos de los delitos tienen un brinco brutal en los registros de junio con respecto a los de mayo de 2016. 

Es cierto que ha habido una disminución en varios tipos delictivos durante la actual administración, pero la tendencia de los números parece indicar que el fenómeno ya venía ocurriendo desde años antes. Los datos de junio de 2016 a enero de 2020 tienden a decrecer en muchos de los tipos delictivos y es probable que ya existiera ese comportamiento en la incidencia criminal desde antes, aunque es imposible saber desde cuándo o por qué con los datos públicos disponibles. 

La Fiscalía Estatal no ha explicado cuáles fueron las inconsistencias de la información para la reclasificación de delitos respecto a la que había dejado la extinta FGE. 

El método para la revisión de las estadísticas no ha sido revelado ni hay transparencia en las discrepancias halladas. Simplemente un día desaparecieron todos los datos previos que tenía publicados el SESNSP, como si nunca hubiera existido la información descartada. 

Aunque el fiscal y otros funcionarios han sido cuestionados acerca de esas incógnitas pendientes de las modificaciones estadísticas, no ha habido respuesta satisfactoria, sino elusiones. 

Tampoco se anunció que hubiera funcionarios denunciados o bajo investigación debido a las falsedades de las cifras, algo que sería fundamental para esclarecer qué fue lo que ocurrió, quién ordenó alterar datos tan cruciales acerca de la procuración de justicia, quién tendría responsabilidad. Fue una denuncia mediática nada más. 

Twitter: @levario_j

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