Debilitar al sistema anticorrupción

La propuesta para eliminar el pago a los integrantes del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción no es sólo un asunto de dinero. Más allá de los límites que todavía no ha logrado brincar, se trata de una medida para debilitar a una institución de esas que es mejor tener. 

En términos generales es difícil hablar de los logros alcanzados por el sistema, especialmente si lo que los ciudadanos esperan es que como consecuencia de sus investigaciones podamos ver a ex funcionarios o funcionarios públicos que hicieron uso indebido de los recursos públicos en la cárcel, lo que no ha sucedido. 

Y es justamente este punto, que podría considerarse una justificación para debilitarlo, el que más hace sospechosa la idea que tienen algunos diputados para eliminar los salarios de los integrantes del comité. Si no es incómodo por la lucha anticorrupción, entonces debemos preguntarnos qué es lo que está molestando a algunos actores políticos. 

Para tener una respuesta es necesario revisar lo que sí ha hecho el comité. Esto nos lleva sin lugar a dudas a su participación en la evaluación de aspirantes a diferentes cargos y organismos. Esta participación, si bien no ha evitado que se continúe con el reparto de espacios entre los partidos políticos, al menos los ha obligado a cuidar los perfiles. 

Como consecuencia de esa intervención del CPS, nos hemos dado cuenta cuando los diputados eligen a un funcionario o a algún integrante de organismo que no fue el mejor evaluado o que no cumplía con el perfil requerido para el cargo: También cuando sí lo hacen. 

Todo lo anterior nos llevaría a pensar que el CPS empezó a ser un estorbo para los repartos a los que se habían acostumbrado los partidos políticos, y por ello se buscaría quitarles prestaciones, lo que inevitablemente llevaría también a restarles posibilidades de dedicarse como actividad principal en su vida a esta función.  

Hasta ahora, a los partidos políticos en Jalisco les ha gustado presumir los avances en Jalisco en la implementación del sistema anticorrupción. Al menos, en lo que tiene que ver con la legislación y con la conformación de la estructura, puede ubicarse entre las entidades de vanguardia. Por ello, dar unos pasitos atrás parece no preocuparles y por ello podrían correr el riesgo.  

Al usar el tema de los salarios se puede dar por hecho que tendrán el respaldo de los ciudadanos, pues siempre reducir el costo de la burocracia será rentable. Sin embargo, viniendo de una legislatura que se ha caracterizado justamente por devolver a su nómina la gordura, suena contradictorio.  

Tal vez sí podría ser un buen momento para revisar el sistema anticorrupción en Jalisco, pero no en un tema tan simple. Es más, la reforma integral que ofreció el partido Movimiento Ciudadano para fortalecer al sistema sigue en la congeladora, porque en este momento no les conviene.  

Es cierto que el sistema no ha logrado mostrarse como un solo cuerpo que funciona con todas sus piezas en armonía, pues cada institución que lo conforma tiene sus propias presiones desde el poder y, para algunos, es mejor no incomodar a los actores políticos actuales, en especial al gobernador Enrique Alfaro; sin embargo, la discusión está muy lejos de este punto.  

También es una realidad que para los ciudadanos es complicado saber para qué sirve el Comité de Participación Social e incluso puede ser que sus logros no tengan todavía un significado en la vida de Jalisco, pero se trata de una conquista social en la que sin duda sería peor dar pasos hacia atrás. Los cambios que vengan deben ser para exigirles que cumplan con su función y no para debilitarlos. 

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