El abasto de agua, un tema olvidado

La crisis mundial por el coronavirus, de la que Jalisco no ha estado exento, ha llevado a descuidar otros temas que son importantes para el estado, como es el del agua. Mientras la atención se centra en la pandemia, nos olvidamos que sigue en pausa la definición del proyecto de abasto para la Zona Metropolitana de Guadalajara y que el estiaje de este año será severo. 

Los datos publicados este lunes por Lauro Rodríguez en El Diario NTR Guadalajara, de más de 39 mil hogares sin acceso al agua, hablan de una emergencia. La cifra, que se obtiene de los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), incluso podría ser mayor y eso lo podremos constatar una vez que se publique el Censo 2020 que se levanta actualmente.  

Las razones por las que esta realidad forma parte de la vida de Jalisco las podemos hallar en las políticas que se han seguido en la materia. No hay inversión en investigación sobre las condiciones de las cuencas, las concesiones se entregan a quienes tienen más recursos económicos o mayores posibilidades de gestión, la inversión en infraestructura hidráulica se centra en las ciudades y las políticas de dotación del líquido apuntan en su mayoría, por la rentabilidad electoral, a las grandes urbes.  

Todo lo anterior es posible porque, además, la actual Ley Nacional de Aguas, cuya reforma se trabaja en el Congreso de la Unión, es bastante flexible, y que la Comisión Nacional del Agua no tiene personal suficiente para verificar que los volúmenes que se concesionan en el territorio nacional sean los mismos que finalmente se extraen, sin contar la falta de control sobre los títulos.  

En entrevista para NTR, el investigador de la Universidad de Guadalajara, Arturo Gleason Espíndola, confirmó que la legislación actual no tiene dientes para sancionar las irregularidades que se detectan en torno a la disposición de agua. Y eso, en caso de que se detectaran, pues lo más común es que las autoridades ni siquiera revisen qué es lo que sucede.  

En la investigación denominada Los Explotadores del Agua, en la que participó NTR Guadalajara con la agrupación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, se pudo corroborar que los grandes volúmenes y la mayor parte de los títulos pertenecen a grandes empresas. Además, la Conagua no vigila que el agua que extraen sea la que les fue autorizada.  

A lo anterior se suma que los volúmenes pueden ser transferidos, lo que permite, por ejemplo, que una concesión que se entrega para uso agrícola, sin costo, sea utilizada para la industria o se le dé un destino habitacional. Incluso, cuando se trata de cambios de uso, los trámites son bastante sencillos sin tener que cubrir mayores requisitos.  

En cambio, las pequeñas comunidades y los campesinos, al no tener los departamentos jurídicos de las grandes empresas, se atoran en el primer trámite y luego no encuentran la vía para saltarlo.  

También podemos sumar al escenario la concentración de los grandes proyectos de infraestructura hidráulica en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Los millones de pesos que se han invertido en los fracasados proyectos para las presas Zapotillo, Arcediano y Purgatorio bien pudieron servir para pequeñas obras que garantizaran el acceso al agua a miles de jaliscienses.  

El abasto de agua a todos los ciudadanos es uno de los puntos más importantes en la agenda pública, pero han pasado muchos sexenios sin que se aborde de manera integral. De esta forma, las condiciones de pobreza de muchas de las comunidades que no tienen acceso permanente al agua reducen de manera importante su calidad de vida y, lamentablemente, sus expectativas de vida. 

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