La posibilidad de dignificar a la Judicatura

La posibilidad de dignificar al Consejo de la Judicatura se ha puesto muchas veces sobre la mesa de discusión. Los cómo han sido diversos y el objetivo siempre ha sido el mismo: evitar que sea un club de intereses políticos con poder para incidir en un tema tan importante y delicado como es la administración de justicia. Desafortunadamente, siempre ha quedado en las intenciones. 

El proceso que puso en marcha el Congreso del Estado para elegir a tres de los cinco integrantes de la Judicatura no es la excepción. En las declaraciones se ha vuelto a mencionar la necesidad de terminar con la costumbre de decidir los nombramientos bajo el principio de “cuotas y cuates”, aprovechando en esta ocasión las instituciones que se crearon para frenar la corrupción en el estado. 

El Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del Estado solicitó que sean las universidades las que definan la evaluación, para garantizar que se tenga a mejores perfiles o, por lo menos, más apegados a las funciones que desempeñarán como integrantes de este órgano del Poder Judicial. 

El Consejo de la Judicatura fue creado en Jalisco como consecuencia de la reforma de 1997, con dos objetivos primordiales. El primero, de índole administrativo, consistía en reducir la carga en esta materia para los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), quienes debían dedicar mucho tiempo para tomar decisiones que no tienen que ver con la administración de justicia. 

El segundo punto y, tal vez el más importante, fue otorgar cierta autonomía a los jueces con relación a los magistrados, para que estos últimos no fueran una especie de jefes administrativos con poder sobre las resoluciones de los jueces. Fue, en estricto sentido, una separación de la primera y segunda instancia, rompiendo la liga administrativa. 

Poco tiempo después de su creación, el Consejo de la Judicatura se convirtió en un problema. Los gobiernos panistas se dieron cuenta muy pronto de la oportunidad que significaba en dos vías: el poder sobre los jueces y, por otra parte, la posibilidad de conseguir plazas adicionales para los amigos y familiares. 

Así, muy pronto la Judicatura se convirtió en una institución obesa, con salarios elevados para los primeros niveles y un espacio para amigos y familiares de los actores políticos en turno. 

Pero lo más grave fue la manipulación de los procedimientos para nombrar a jueces, cambiarlos de adscripción o de materia, según los intereses de los consejeros o en acuerdo con los mismos jueces. 

El colmo fue la lista de jueces sin juzgado nombrados durante la gestión de Luis Carlos Vega Pámanes, conformada por amigos, hijos y familiares de funcionarios de los tres poderes del Estado que, conforme se desocupara un espacio, lo irían llenando. En uno de los aciertos de la actual administración estatal, se logró un acuerdo con el Poder Judicial para dejar sin efecto esa lista. 

Desde su creación y hasta la fecha, ha habido diferentes intentos para hacer cambios en la Judicatura, desde un intento por reducir su estructura hasta la posibilidad de desaparecerla. Sin embargo, sólo han quedado en intenciones, pues los partidos políticos siempre terminan poniéndose de acuerdo para el reparto. 

Aunque en esta ocasión sólo está por decidirse el nombramiento de consejeros, sin cambiar la estructura de la Judicatura, la elección de los perfiles es muy importante. Es evidente que quienes sean designados estarán ligados a los partidos políticos representados en el Congreso; sin embargo, lo interesante será el valor que los diputados den a los esquemas de evaluación, para que al menos sean los mejores para ocupar los cargos. 

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