Seguridad pública: es turno del Congreso

Hace 49 años, el 10 de junio tuvo lugar un evento conocido como el Halconazo. A quienes no tengan idea de qué ocurrió, les recomiendo ver la película Roma, de Alfonso Cuarón, porque todos los acontecimientos que se narran en ella lo tienen como telón de fondo. El personaje de Fermín, pareja de Cleo, la protagonista, es justamente uno de los halcones, un grupo de jóvenes con entrenamiento paramilitar que con varas de bambú agredieron, desaparecieron o asesinaron a estudiantes que se manifestaban en las calles del entonces Distrito Federal en defensa de la autonomía universitaria. 

Ese suceso, del que todavía no se sabe quién fue su autor intelectual, puso en evidencia el paradigma de la seguridad que aún se encuentra vigente en México: las instituciones y organizaciones públicas se utilizan para proteger los intereses del gobernante en turno, por lo que tanto la policía y los agentes del Ministerio Público cuidan o persiguen a quien su jefe les indica, no a quien deberían de acuerdo con la ley. 

Como consecuencia de ese paradigma los agentes del orden pueden violar impunemente los derechos humanos de cualquier persona que sea vista como una amenaza para el gobernante, aunque no hayan cometido ningún delito, mientras que a los delincuentes se les suele permitir llevar a cabo sus actividades ilícitas, siempre que no afecten al mandatario o a sus asociados. Adicionalmente, para dar la apariencia de eficiencia, se les permite detener personas al azar y castigarlas para que el público crea que sí hay vigilancia y protección para quienes “se portan bien”, como quiera que eso se defina. 

Que ese paradigma está vigente lo podemos saber porque el pasado fin de semana fuimos testigos en vivo y en directo, gracias a las redes sociales y a los medios de comunicación, de una serie de actos de brutalidad policíaca que evocaban el Halconazo, además de que hubo actos que claramente podemos tipificar como de desaparición forzada, como la detención de jóvenes por parte de personas que no tenían identificaciones o uniformes, y que fueron trasladados en vehículos no oficiales y abandonados en la zona del cerro del 4 o encerrados en jaulas. 

Que este sea el paradigma de seguridad vigente es, en parte, responsabilidad de la actual legislatura de Jalisco, puesto que desde el año 2018 pudieron haber llevado a cabo las reformas legales que nos hubieran permitido contar con una fiscalía que proteja a la ciudadanía, no al gobernante en turno. Si esto no ha ocurrido puede deberse a que el gobierno y la mayoría de quienes nos representan en el Poder Legislativo se sienten más a gusto así. 

¿Qué ganaríamos si se le diera autonomía real a la fiscalía, con supervisión ciudadana? Por lo pronto, que su trabajo estaría enfocado en abatir la impunidad en los delitos más graves, como son los asesinatos, feminicidios y desaparición de personas. ¿Qué ganaríamos si se modificara el paradigma de seguridad? Que los cuerpos policíacos se formarían y entrenarían para proteger a la gente, como su principal prioridad. 

¿Esto puede cambiar? Depende de la presión que hagamos. De entrada, el Congreso ya citó a comparecer el 17 de junio a las 16 horas, a los titulares de la fiscalía, de la Coordinación de Seguridad Pública y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que expliquen qué fue lo que ocurrió, así que hay que demandar que en la comparecencia participen personas expertas en los temas de seguridad y derechos humanos, para que les formulen preguntas a los funcionarios, en un esquema de Parlamento Abierto. Esa sería una muy buena señal de que quieren corregir el rumbo. 

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