Días de ira social

Los días 4, 5 y 6 de junio quedarán marcados en la memoria histórica como las fechas cuando explotó la ira social y sucedió lo impensable, lo inédito en las formas de la protesta y la resistencia social. Un numeroso contingente de jóvenes, mujeres y hombres, desafió al gobierno como no se había hecho antes y, además, lo hizo en el contexto de la pandemia del Covid-19. Este doble desafío respondía a una de sus consignas: en Jalisco, si no nos mata el gobierno, nos mata el Covid-19. 

En cuanto se empezaron a difundir las primeras imágenes, muchos estábamos sorprendidos de la audacia de los manifestantes. Para mí la segunda sorpresa fue la ausencia de la policía durante los hechos del jueves 4. Sorprendía, porque es un hecho común que siempre que hay una manifestación de este tipo y que avanza hacia palacio de gobierno, el cuerpo antimotines está presto a impedir, no digamos algún ataque al inmueble, sino incluso que se acerquen a él. ¿Por qué no estuvieron ahora para impedir el acceso a la Plaza de Armas?, ¿por qué llegaron hasta casi tres horas después? 

Lo que sucedió después, sobre todo el viernes 5, en los alrededores de la fiscalía aclaró todo. El aparente dejar hacer a los manifestantes era en realidad parte del plan perverso para justificar lo que venía: la venganza, las golpizas, los levantones, el robo, el despojo, las amenazas de desaparición y descuartizamiento; la denigración y el insulto machista particular a las mujeres; el dejarlos tirados en lugares lejanos y desolados, la vulgar rapiña de las pertenencias de las y los detenidos-desaparecidos, tanto de los que participaron en las protestas como de los que tuvieron la mala suerte de pasar durante esos tres días por las cercanías de Centro de la ciudad y de la fiscalía. Se trataba de generalizar el terror y el miedo, pero también de patentizar su impunidad. 

Lo que hicieron los policías siguiendo las instrucciones de sus jefes es un crimen de Estado. Sólo el asesinato de Giovanni López, en Ixtlahuacán de los Membrillos, era suficiente para configurar el crimen. Pero fueron más allá en el ejercicio de su “monopolio de la violencia”. Actuaron como narcos, con la diferencia de que aquéllos no argumentan legitimidad ni legalidad. Los testimonios que circulan en las redes sociales son contundentes. 

En este contexto, una estrategia sustentada en la noción de violación de los derechos humanos resulta insuficiente y limitada. Exigir solamente, por ejemplo, la reparación del daño, mantenerse en la denuncia de que no se siguió el debido proceso jurídico o en la exigencia de la renuncia de algunos funcionarios, no corresponde ya con la dimensión del hecho criminal. 

Abolir la policía 

Estas protestas iniciaron exigiendo justicia por el asesinato de Giovanni López, en parte inspiradas por las acciones en torno al caso similar de George Floyd, en Estados Unidos. Allá han dado un paso adelante tratando de ir a la raíz del problema y están planteando la necesidad de la abolición del sistema policial para que sea la comunidad la que se haga cargo del control criminal. 

La idea me parece una buena provocación para empezar a pensar cómo podría ser la vida sin los cuerpos policiales que conocemos y cómo, desde las comunidades locales, podríamos hacernos cargo de nosotros mismos. ¿Por qué tendríamos que seguir sosteniendo esta institución que nos cuesta tanto y sólo nos aterroriza, nos asesina y además se reconoce oficialmente que está infiltrada por el delito organizado? 

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jl/I