Rendición de cuentas ante el Congreso

La teoría dice que en una democracia los poderes públicos tienen la obligación de rendir cuentas ante la ciudadanía, y en caso de que esto no sea posible directamente, entonces se debe llevar a cabo ante quienes representan al pueblo. Si no existe la rendición de cuentas no se puede hablar de democracia, porque eso implica que no existe la posibilidad de cuestionar al mandatario, y entonces estaríamos ante una autocracia, el gobierno en el que la autoridad decide todo por y para sí misma. 

La rendición de cuentas, entonces, debe ser un procedimiento en el que los servidores públicos deben informar, explicar y justificar sus decisiones para que la ciudadanía, y sus representantes, las evalúen y actúen en consecuencia. 

Lamentablemente, en Jalisco aún carecemos de instancias institucionales en las que se lleven a cabo actos efectivos de rendición de cuentas, como lo pudimos comprobar durante las comparecencias de los titulares de la Fiscalía General del Estado, de la Coordinación Estratégica de Seguridad y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, citados a raíz de los actos de brutalidad policíaca y desaparición forzada que ocurrieron a principios de junio en torno a la demanda de justicia para Giovanni López, quien presuntamente fue torturado y falleció bajo la custodia de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, sin que la fiscalía actuara con la debida diligencia. 

Los abusos de autoridad por parte de miembros de la fiscalía y la policía estatal son tan graves que en un lugar con una democracia más desarrollada se hubiera separado de sus cargos a los responsables de esas instancias, y si el titular del Ejecutivo no lo hace, entonces el Poder Legislativo es quien lo demanda, con el fin de que se puedan deslindar las responsabilidades, sin dejar espacio para que se puedan ocultar pruebas o fabricar culpables. 

De hecho, quienes nos representan en el Congreso de Jalisco debieron recoger la voz de las personas afectadas en los hechos mencionados y convocar a personas expertas en temas de derechos humanos y seguridad pública para que les ayudaran a formular los cuestionamientos para la comparecencia, para que se pudiera llevar a cabo un ejercicio serio de rendición de cuentas, que fuera el inicio de acciones legislativas encaminadas a evitar que hechos como esos se vuelvan a repetir, y además se sancione a los responsables. 

Sin embargo, con la excepción de las bancadas del PRI, PRD y de Morena, quienes nos representan optaron por no asumir públicamente la gravedad de los hechos y simplemente intervinieron para cumplir con su rol, pero no demandaron explicaciones claras, incluso ante el reconocimiento por parte del fiscal de que los cuerpos de seguridad están infiltrados por el crimen organizado. Si esto es cierto, entonces ¿en manos de quién está nuestra seguridad? 

Es común que los partidos que respaldan al gobernante en turno procuren evitarle el desgaste, y que la oposición trate de elevar el costo político en cualquier acto como éste, pero ante la gravedad de la situación de desapariciones forzadas documentadas a través de las redes sociales, negarse a investigar y comprender, como lo hizo el bloque mayoritario en el Congreso, implica hacerse cómplices de una situación criminal, y se deja a toda la población en una situación de indefensión y vulnerabilidad. 

Y si hay diputados que se preocupan más por cuidar sus intereses partidistas que los de la población a la que representan, entonces en el ejercicio de nuestros derechos debemos tomar nota para demandarles cuentas, y en su caso no refrendarles nuestro apoyo electoral. 

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