Exámenes con prisa

Las prisas de los diputados locales, que los llevan a sacar todo al vapor, están afectando a los aspirantes al Consejo de la Judicatura porque apresuraron el proceso al tener el tiempo encima. 

La falta de acuerdos políticos provoca estos retrasos; hoy hablamos de nombramientos, pero también ha ocurrido con la aprobación de leyes importantes, que después tienen que corregir, incluido el Presupuesto de Egresos del estado de Jalisco. 

Darles poco tiempo a las universidades más prestigiosas de la entidad para elaborar un cuestionario de 100 preguntas provocó que hubiera errores, además de que tampoco tuvieron tiempo suficiente para revisarlas antes de incluirlas en el examen de conocimientos. 

Hasta que los aspirantes empezaron a contestarlas se dieron cuenta que estaban mal hechas o que tenían más de una respuesta; el colmo es que se encontraron algunas en que todas las respuestas eran posibles, por lo tanto, todas válidas. 

Las universidades cumplieron con su papel de hacer 100 preguntas y entregarlas. El problema estuvo que en el mismo día del examen se citaron con poco tiempo para hacer el vaciado de las preguntas, y no revisaron si estaban formuladas de manera correcta y congruente, y aquí fue donde se originó el error. 

Sólo se pasaron a un programa de computación para que hiciera la elección aleatoria, en vez de ponerse de acuerdo entre todos de cuáles serían las 100 preguntas a aplicar, incluso, revisar su formulación y sus respuestas. 

Aun así, la aplicación del examen se hizo con una hora de retraso porque no terminaban de imprimir los exámenes de los 61 aspirantes a ser evaluados. 

Ahora el error se mantiene, porque no se quiere reconocer abiertamente el número total de preguntas con errores o que hayan permitido la confrontación de aspirantes con los evaluadores poniéndolos en riesgo de sufrir agresiones, cuando comúnmente se hacen por escrito. 

Estos evaluadores les dieron una calificación a los aspirantes sin antes haber ajustado criterios para poder evaluar de la misma forma, y lo que ocurrió fue que se aplicaron criterios distintos, y después que se dieron cuenta de que algunos aumentaron considerablemente de la primera puntuación obtenida tuvieron que volver a revisar todos los exámenes. Esto provocó calificaciones más bajas de las anunciadas a los aspirantes y los cuestionamientos de falta de transparencia. 

La prueba de fuego sería que todas las hojas de resultados de las evaluaciones de los aspirantes a consejeros se hicieran públicas, sin datos personales, para que cada uno constatara las respuestas en cada pregunta, y así demostrar o comprobar que la última calificación otorgada es válida y verídica. 

Esta última parte fue una promesa del titular de la Comisión de Seguridad y Justicia, Enrique Velázquez, como una forma de cuidar el prestigio de las universidades y demostrar que hubo errores, pero que al final el examen de conocimientos fue duro y los que se equivocaron fueron los aspirantes por no dar las respuestas correctas. 

Lo malo es que este tema se está politizando. Hay diputados de MC y del PAN que proponen que mejor pasen a todos para evitarse cuestionamientos, obviamente, porque sus preferidos están en este dilema de no alcanzar los 80 puntos para pasar este filtro. 

Y eso que todavía falta conocer los resultados de los exámenes de control de confianza donde dicen que también hay sorpresas de personajes que no los pasaron, y que también deberán hacerse públicos, pero ese será otro cantar porque seguramente habrá otro tache al prestigio de los aspirantes, que con los exámenes de conocimientos ya quedó manchado. 

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