Congreso, en deuda

Con la elección de los tres consejeros de la Judicatura, el Congreso del Estado quedó en deuda con la sociedad. Los avances que habían hecho otras Legislaturas al crear reglas claras e inclusivas para que la sociedad civil participara en los nombramientos como parte del Sistema Estatal Anticorrupción se vinieron abajo con la decisión tomada por la 62ª Legislatura el 19 de junio al nombrar a los consejeros invalidando sus propias reglas y con acuerdos internos para que todos pasaran algunos filtros. 

Aunque los nombres de los elegidos importan por quiénes son y quiénes los impulsaron, lo que quiero resaltar es la forma en que se eligieron, la forma burda en que sacaron sus nombres. 

Las nuevas reglas para evitar la corrupción, que los mismos diputados se pusieron, buscaban evitar el reparto de cuotas partidistas de estos cargos tan importantes y con impacto social. El diseño del proceso se depuró en consenso para buscar a los mejores perfiles; incluso se fortaleció al Comité de Participación Social (CPS) para que interviniera y diera claridad. 

Pero llegaron otros políticos, otros actores. Un simple error se magnífico al grado de exagerarse y, en vez de buscar soluciones y enmiendas para retomar el camino, me refiero a las preguntas del examen de conocimientos que generaron dudas, lo único que hicieron los diputados fue cómo desaparecerlo. La intención era clara, eliminar el filtro que no favorecía a los recomendados y como todos los partidos políticos estaban en la misma condición, la idea resultó provechosa y novedosa. 

Y con el voto cómplice de casi todos, de un plumazo obviaron el filtro del examen de conocimientos, porque muchos no alcanzaron los 80 de 100 puntos, y dijeron que ya todos pasaban. 

A las universidades ni siquiera les pidieron una explicación sobre las preguntas fallidas y tampoco les dieron oportunidad de aclarar las diferentes calificaciones que recibieron o los cambios en los números que se dieron a los aspirantes; por el contrario, se favoreció la confrontación entre aspirantes y evaluadores hasta llegar a los exabruptos, sin que los diputados pudieran controlar la situación, dejando todo el peso a los representantes de las universidades, que no les quedó otra que enfrentar la situación álgida del momento. 

Y hasta que estuvieron en tranquilidad se percataron de los errores cometidos y corrigieron, pero ya era muy tarde, porque el descrédito de diputados y aspirantes pesó más que buscar explicarlo a la sociedad. 

Las universidades se sintieron ofendidas por los calificativos que les dieron después de la aplicación del examen y el mismo día de la votación, porque se eligió a los consejeros sin tomar en cuenta el trabajo que hicieron y minimizando la opinión técnica del CPS, que parece que también trabajó de a gratis. 

Los legisladores locales tienen muchos cargos todavía que repartirse. Sobre todo, nueve magistrados, otro consejero de la Judicatura, un comisionado del Itei, un miembro del CPS e integrantes de la comisión de selección, y es aquí donde los diputados estarán en deuda con la sociedad. 

Aún tienen oportunidad de hacer las cosas como dicen sus propias reglas, la Constitución local, la Ley del Orgánica del Poder Judicial y su reglamento y sus convocatorias. 

La prueba es de fuego y está vigente para saber si pueden elegir a las personas más idóneas, como ellos mismos se comprometieron. La tentación es grande para el reparto de cargos, que incluso ya están pactados por fracción parlamentaria. 

La duda es si los diputados están a la altura de lo que demandan la sociedad y las nuevas reglas de transparencia y anticorrupción o si seguirán tomando decisiones burdamente, cuando tenían una semana para hacer estos nombramientos, pero prefirieron hacerlo antes de perderse los acuerdos entre partidos o que llegaran amparos. 

Un proceso desaseado que ellos mismos generaron y que no quisieron corregir, sino ocultar y aprovechar en beneficio propio. El Congreso está en deuda con todos. 

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