Soldados del crimen 

Ya he tenido un par de crisis de fe respecto a los datos de seguridad presentados por el gobierno federal que me hacen dudar por completo de la capacidad del Estado mexicano para algún día recuperar el control de sí mismo. 

La primera fue muy a inicios de la actual administración pejista, cuando el gabinete de seguridad tomó la iniciativa de presentar cotidianamente indicadores de seguridad como homicidios y robo de combustible. 

Me interesaba mucho esa información porque podría tratarse de datos fidedignos que permitieran contrastar la información parcial y velada que la Fiscalía del Estado y las instancias policiales llegan a hacer pública. 

Mi decepción ocurrió en el momento de consultar la metodología del documento que establecía que se basaba en los reportes de los medios de comunicación locales. Sin detallar cada caso, los refería por municipio con un vínculo a medios electrónicos, impresos, radiofónicos o televisivos que daban cuenta del crimen. 

En una de las notas referidas a Jalisco citaban como fuente a un medio digital que ha obtenido fama mediante la difusión de reportes ciudadanos sin verificar antes la información, y en particular esa nota tenía errores de hecho en los que no habían incurrido los medios informativos. 

Era definitivamente absurdo entonces dar seguimiento a cifras que se basaban en esa metodología. Posteriormente, hubo cambios y la información atribuida a medios fue solamente una referencia, mientras que se atribuía a las fiscalías la información reportada. Pero para mí ese descubrimiento marcó un escepticismo respecto al rigor del gobierno federal para abordar la información de seguridad. 

La semana pasada vino un segundo episodio cuando atestigüé cómo el general Luis Crescencio Sandoval González, en cadena nacional, en transmisión directa, aseguraba que en Jalisco había más de 16 mil policías estatales, una cifra que hasta ahora no he podido esclarecer con exactitud, pero que de acuerdo con los registros oficiales ronda los 3 mil 100 agentes. Y va en decremento. 

En solicitudes de información vía transparencia la Secretaría de Seguridad logró desde hace una década obtener un precedente que establecía como información clasificada la cantidad de personal de seguridad pública y procuración de justicia, por lo que no está obligada a reportarlo, como tampoco se le pueden pedir detalles de vehículos, armamento ni muchos otros rubros. 

Lo que se puede preguntar, luego de aquella decisión que emitió el Itei en su momento, son temas de recursos ejercidos o presupuestados como el gasto en vehículos o el gasto en equipamiento, mas nunca referido de manera individual o de manera que se pueda inferir la cantidad de unidades a las que se aplicó ese presupuesto. 

Como si el crimen organizado no supiera ya cada uno de los detalles de las policías jaliscienses. Hace unos días circulaba un video de guerreros del cártel que se ostentaban como grupo de élite a bordo de vehículos artillados y blindados con un convoy que ya quisiera la Policía Estatal para sus propios elementos. 

Si el criterio de transparencia era proteger información pública que pudiera poner en riesgo la seguridad, hace mucho que dejamos atrás ese argumento. Sabiendo que el cártel hegemónico tiene capacidad para derribar helicópteros en una emboscada que daría inicio a la enormemente fallida Operación Jalisco, que tiene prácticamente tanques de guerra y soldados de élite para luchar, el secreto de estado de la cantidad de policías, patrullas y lo que sea, es ya una hipocresía que se asume como una tradición de opacidad. Una renuencia a aceptar que el crimen organizado ha sobrepasado por mucho la capacidad de las fuerzas de la ley. 

@levario_j