Funcionarios corruptos, entre la justicia y la política 

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La extradición de Emilio Lozoya, ex director de Pemex y de los más cercanos al ex presidente Enrique Peña Nieto, genera grandes expectativas porque pondrá a prueba el sistema jurídico y el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de luchar contra la corrupción. La historia reciente de funcionarios acusados de corrupción revela que en su destino intervienen al menos tres factores determinantes. 

El primero son las debilidades y la corrupción del sistema de procuración e impartición de justicia. Por la incapacidad de los funcionaros para obtener y presentar adecuadamente los casos, o por los sobornos que reciben es común que los acusados obtengan su libertad y recuperen sus bienes. A ello se suma que cuentan con redes de complicidades al interior del sistema y de recursos millonarios para pagar a los mejores despachos de abogados. El tercer factor es el momento político. Aunque formalmente el Poder Judicial es independiente del Ejecutivo, los intereses del grupo en el poder juegan un papel decisivo en el destino de lo que ocurra con los acusados.  

Algunas de las detenciones de políticos más significativas coinciden con los cambios de sexenio. En enero de 1989, apenas un mes después de que Carlos Salinas de Gortari asumiera el poder, fue detenido Joaquín Hernández Galicia, La Quina, el poderoso líder del sindicato petrolero. Fue condenado a 35 años de prisión por posesión ilegal de armas. Estuvo en prisión ocho años, pues en 1997 obtuvo una amnistía. 

Raúl Salinas de Gortari, el hermano incómodo del presidente Salinas, fue detenido en 1995, al inicio del sexenio de Ernesto Zedillo. Acusado de enriquecimiento ilícito y del homicidio de Francisco Ruiz Massieu, 10 años después salió de la cárcel y en 2013 fue exonerado. Le devolvieron 224 millones de pesos. 

Al principio del gobierno de Peña Nieto, en 2013, fue detenida la dirigente sindical Elba Esther Gordillo acusada de lavado de dinero, fraude fiscal y delincuencia organizada. La exoneraron del fraude por 4.3 millones de pesos, en 2017 obtuvo la prisión domiciliaria y en 2018 fue absuelta. En febrero pasado ganó un juicio para no pagar 19 millones de pesos de impuestos. 

El 13 de agosto de 2019 fue detenida Rosario Robles, ex secretaria de Estado con Peña Nieto, acusada del desvío de 300 millones de pesos. 

Peña Nieto y su entonces esposa Angélica Rivera fueron exonerados de las acusaciones de corrupción por la compra de la Casa Blanca. La actual Secretaría de la Función Pública dictaminó que Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, no cometió ningún acto de corrupción a pesar de que cuenta con un patrimonio 16 veces mayor al que declaró. 

Un juez ordenó en 2019 la aprehensión del ex gobernador de Puebla Mario Marín por la detención ilegal y la tortura de la periodista Lydia Cacho. Está prófugo. En 2007 la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que no había evidencia de violaciones a las garantías individuales de la comunicadora. 

El pasado 9 de julio fue detenido el ex gobernador de Chihuahua César Duarte. En 2018 la entonces Procuraduría General de la República archivó la denuncia por falta de pruebas. 

Durante el sexenio de Peña Nieto fueron detenidos por delitos relacionados con corrupción los ex gobernadores Roberto Borge (Quintana Roo), Andrés Granier (Tabasco), Javier Duarte (Veracruz), y Eugenio Hernández y Tomás Yarrignton (Tamaulipas). Guillermo Padrés, de Sonora, obtuvo su libertad provisional. Horas después de ser detenidos quedaron en libertad los ex gobernadores Armando Reynoso (Aguascalientes) y Rodrigo Medina (Nuevo León). La PGR levantó los cargos contra el de Michoacán, Jesús Reyna. En 2016 Humberto Moreira fue detenido en España por lavado de dinero y malversación de fondos. El País narró cómo la embajada mexicana se volcó a liberarlo. 

Será interesante seguir lo que ocurra con Lozoya. 

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