Legislar democráticamente

En un discurso que el entonces presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, pronunció al finalizar la guerra de secesión, que se originó entre otros motivos porque los estados del sur no querían abolir la esclavitud, definió en qué consiste un sistema político democrático: el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. 

Esa frase es clásica entre quienes nos dedicamos al estudio de los asuntos públicos, debido a su claridad y sencillez. Y se puede utilizar para expresar cómo se deberían ejercer los poderes dentro de un sistema político que pretende ser democrático, por lo que podríamos afirmar que una legislación democrática debe realizarse con, por y para el pueblo. Me explico. 

La elaboración de las leyes debe llevarse a cabo por el pueblo, aunque esa facultad haya sido delegada en los representantes populares, es decir, en quienes integran el Congreso, las diputadas y diputados. Sin embargo, dicha delegación no significa que el pueblo deba quedar al margen de la labor legislativa; por el contrario, es fundamental que las personas se involucren en la solución de los problemas públicos, lo que en ocasiones implica elaborar o modificar las leyes o reglamentos. Esto es necesario, además, porque justamente será el propio pueblo quien deberá cumplir con las regulaciones, así que es mejor que se involucre lo más posible en su elaboración, para que sean lo más claras y funcionales posible. 

Pienso que en muchas ocasiones la falta de respeto a las leyes se debe a que como no nos involucramos en su elaboración, entonces no tenemos claro su sentido, o sea que no nos queda claro para qué sirven, y terminamos por considerarlas como una imposición absurda, aunque no siempre sea así. Con esto no niego que haya leyes absurdas, que usualmente son fruto de ocurrencias que no tomaron en cuenta al pueblo y sus necesidades. 

La hechura de las leyes debe, entonces, realizarse con el pueblo, en particular con quienes padecen las consecuencias de una regulación inexistente, incompleta o insuficiente, porque son ellos quienes tienen claros los beneficios que se obtendrán de una correcta regulación del problema que enfrentan. Esto no obsta para que también se involucren las personas que pueden aportar su conocimiento técnico o práctico sobre el asunto, para ayudar a aumentar su efectividad, sea porque ayudan a comprender mejor el problema, o porque pueden ofrecer una guía sobre la mejor manera de llevarlas a la práctica. 

Finalmente, la legislación debe hacerse para el pueblo, es decir, a su favor. De nada nos sirve una ley que no contribuye a resolver un problema público o que lo haga empeorar. Sin embargo, es usual que en lugares donde la democracia no es fuerte, la legislación vaya en contra del pueblo, especialmente porque se considera que la población es el problema, como lo comenté en este espacio la semana pasada. 

Sin embargo, siendo nuestro mundo tan complejo como es actualmente, lo mejor que puede hacer un Congreso es convertirse en el impulsor de una dinámica social que permita que el pueblo se involucre en el diagnóstico de sus problemas, en el diseño de las soluciones, y en su implementación. 

Todo lo anterior lo planteo, porque el Congreso de Jalisco está muy cerca de caer en la tentación de legislar al margen del pueblo, sin él, y hasta contra él, en temas como el de las personas desaparecidas y sus seres queridos que las buscan, o los necesarios ajustes a nuestro naciente sistema anticorrupción. Así que es necesario que sigamos observando lo que hacen quienes nos representan, exigiéndoles cuentas, y demandándoles espacios para participar. 

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