Proceso del Siga fue legal: SIOP

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) del gobierno estatal emitió un pronunciamiento en el que aseguró que el proceso de licitación del Sistema Inteligente de Gestión de la Movilidad (Siga) fue legal. 

NTR informó ayer que Avanzia Instalaciones, una de las empresas ganadoras de la licitación, fue inhabilitada el año pasado por la Secretaría de la Función Pública (SFP). La sanción se debió a que falseó información en una licitación previa. 

La SIOP reconoció el historial de Avanzia Instalaciones señalado por este medio y precisó que al momento de la licitación “se encontraba plena y legalmente facultada en tiempo y forma para participar en la licitación pública antes referida”. 

Además de la inhabilitación, la cual venció el 14 de abril, a Avanzia Instalaciones se le impuso una multa de 662 mil 700 pesos, la cual se saldó en diciembre de 2019. 

La secretaría remarcó que si se hubiera decidido no dejar participar a Avanzia Instalaciones se estaría ante “un acto ilegal y discriminatorio”, pues el proyecto no se costea con recursos federales.  

“(La inhabilitación) refiere que las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, deberían abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos únicamente cuando las obras públicas y servicios relacionados con las mismas se realicen con cargo total o parcial a fondos federales, situación que no acontece en el asunto que nos ocupa, dado que el recurso con el que se pagarán los trabajos son de procedencia estatal”, añade la SIOP en su réplica. 

El Siga consiste en la renovación del 60 por ciento de los semáforos de la zona metropolitana. El proyecto costará 449 millones 736 mil pesos 

Caso Agronitrogenados 

Avanzia también realizó trabajos para la planta Agronitrogenados de Petróleos Mexicanos (Pemex), misma que arrastra diversas irregularidades y por la cual se señala a Emilio Lozoya Austin, ex director de la petrolera que recientemente ha revelado sobornos a diversos actores políticos para avalar reformas estructurales durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.  

Sin embargo, por el paso del tiempo algunos delitos que ha señalado el ex funcionario podrían prescribir y los delitos e irregularidades quedarían sin consecuencias, expuso Jorge Luis González Monteón, especialista en derecho penal. 

El académico añadió que los dichos de Lozoya Austin son “llamadas a misa” mientras no presente documentación que los compruebe.  

Si no valida nada, no podrá haber sentencias, sostuvo.  

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