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La Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) encontró anomalías que superan los 122 millones de pesos en las cuentas públicas municipales y estatales de 2018. De este monto, 30.2 millones de pesos son recursos que ya fueron recuperados y 92.1 millones de pesos fueron marcados como recuperaciones por un posible daño a la hacienda pública.
Los datos aparecen en el informe entregado por el órgano fiscalizador al Congreso del Estado. Los señalamientos son a 31 ayuntamientos y al Instituto de Infraestructura Física y Educativa del Estado de Jalisco (Infejal). Los montos más importantes son para el Municipio de Villa Hidalgo, por 19.5 millones de pesos; para Tlajomulco de Zúñiga, por 14.5 millones de pesos, y para Atotonilco el Alto, por 14.2 millones.
El programa de revisión incluyó 286 auditorías realizadas hasta el 14 de agosto a dependencias del Poder Ejecutivo, así como al Congreso del Estado, el Poder Judicial, organismos autónomos, sector paraestatal y a los 125 ayuntamientos.
La ASEJ hizo 171 observaciones, de las cuales 167 correspondieron a ayuntamientos y cuatro al Infejal. Los Municipios con más observaciones fueron Villa Hidalgo y Tapalpa, cada uno con 23, así como Atotonilco el Alto, con 20.
La mayor parte de las anomalías señaladas a los Municipios está relacionada con licencias de urbanización o incorporación de nuevos fraccionamientos. En este rubro sobresalen Tepatitlán de Morelos, con 9.8 millones de pesos de recuperaciones, y Tlajomulco de Zúñiga, con 14.2 millones de pesos.
Además, hay observaciones por la ejecución deficiente de trabajos contratados, uso de materiales de menor calidad que los especificados y utilización de mano de obra inadecuada; pagos duplicados a un proveedor; diferencias en los volúmenes de obra; falta de comprobantes; incumplimiento en el pago del impuesto sobre la renta; incumplimiento en el pago de derechos por descarga de aguas negras y de contribuciones federales, y pago de finiquitos sin sustento, entre otros.
En cuanto a los 92.1 millones de pesos señalados como posible daño a la hacienda pública y/o al patrimonio de la entidad fiscalizada, corresponden a observaciones no aclaradas ni justificadas.
En el informe la Auditoría Superior hizo señalamientos por las áreas de riesgo que encontró.
Entre las más significativas está que hubo casos “donde la ejecución del gasto no es congruente con los presupuestos autorizados, incurriéndose en subejercicios o sobre ejercicios”, lo cual se debió a fallas en la planeación, medición y evaluación de las actividades gubernamentales.
También detectó “rezago de las administraciones públicas municipales” sobre los órganos internos de control, pues apenas 12.8 por ciento tiene reglamentos internos y sólo 28.4 por ciento cuenta con una estructura. Además, solamente 68 Municipios han designado al encargado de control interno y apenas siete tienen autoridades investigadoras distintas a las substanciadora y resolutora.
Otro señalamiento es porque únicamente 10 Municipios tienen un área encargada de auditoría y control interno, por lo que la ASEJ recordó que todas estas omisiones contravienen lo establecido en los sistemas nacional y estatal anticorrupción.
La Auditoría Superior observó además omisiones en los procesos de adquisiciones. Por ejemplo, 83.75 por ciento no elaboró ni publicó el programa anual de compras y 68.75 por ciento no definió los montos para cada una de las modalidades de compras, es decir, a partir de qué cantidad deben realizarse licitaciones o el monto límite para compras con fondos revolventes, para licitaciones sin concurrencia para el comité ni para adjudicaciones directas.
También se detectó que apenas 40 por ciento de los Municipios tiene un comité de adquisiciones y más de la mitad no ha definido montos para adjudicaciones directas de arrendamientos y contratación de servicios.
Otros señalamientos son por la falta de planeación y de definición de indicadores que permitan medir el desempeño, lo cual se traduce en un subejercicio de entre 5 y 10 por ciento entre las dependencias del sector central del Poder Ejecutivo, los poderes del estado y los organismos públicos autónomos, así como de 11.3 por ciento en promedio en el sector paraestatal.
En los poderes del estado
jl/I
